El Gobierno justifica esta decisión con el argumento de que dicha ley regula materias que vulneran la normativa básica de la Ley de Organos Rectores de las Cajas de Ahorros (LORCA), de acuerdo con las competencias que atribuye la Constitución al Estado.

Además, el Ejecutivo entiende que la ley andaluza de cajas contaviene la normativa estatal y la propia LORCA cuando regula aspectos referidos a entidades de ahorro fundadas por la Iglesia Católica -en clara referencia a la cordobesa Caja Sur-, así como los tratados que existen entre dicha institución y el Estado español.

En concreto, la legislación autonómica andaluza establece un sistema de representación en la entidad cordobesa que acaba reduciendo del 40% al 9% la capacidad de voto del obispado de Córdoba.

A juicio del Gobierno central, el Tribunal Constiucional reconoce al Estado las competencias para establecer un modelo básico de cajas de ahorros, "que ha de ser respetado por la normativa de las comunidades autónomas".