En la rueda de prnsa posterior al Consejo de Ministros, Cabanillas ha insistido que esa medida de gracia "no es iniciativa" del Ejecutivo sino de los beneficiarios y que deben ser ellos quienes lo pidan.

Aunque Rodríguez Galindo se ha mostado reacio a firmar esa solicitud, porque significaría un reconocimiento de culpa, familiares y amigos de los condenados llevan ya un año recabando firmas de apoyo a la petición de indulto, que anunciaron para cuando el Tribunal Supremo dictara sentencia firme.

El Alto tribunal o ha hecho esta semana, elevando las penas en cuatro años, por considerar que los cinco condenados abusaron de su condición de funcionario público cuando secuestraron y mataron, en noviembre de 1983, a los etarras José Antonio Lasa y José Ignacio Zabala.

Por dos delitos de detención ilegal y asesinato, Galindo ha sido condenado a 75 años de cárcel, los mismos que el ex gobernador civil de Guipúzcoa, Julen Elgorriaga; 73 años para el teniente coronel Angel Vaquero; y 71 años y ocho meses, para los guarias civiles Enrique Dorado Villalobos y Felipe Bayo Leal.

Sus familias aseguran haber reunido ya 100.000 firmas, entre las que destacan las de los ex ministros socialistas de Interior, José Barrionuevo y José Luis Corcuera, y de Defensa, Julian García Vargas. También figura la firma del presidente de Extremadura, Juan Carlos Rodríguez Ibarra.

La recogida de apoyos ha tenido especial éxito en comunidades como Murcia, según las fuentes consultadas, y también se han conseguido firmas del extranjero,en concreto de Alemania, Bélgica y Holanda.

El general Rodríguez Galindo y el resto de condenados en el "caso Lasa-Zabala" llevan cumplido un año de cárcel continua, desde que el 30 de julio se ordenara su ingreso en prisión para empezar a cumplir la pena dictada por la Audiencia Nacional. En la prisión militar de Alcalá de Henares ha esperado Rodríguez Galindo este año a que el Tribunal Supremo resolviera su recurso, pero finalmente ha visto que, lejos de aminorar la pena inicial de 71 años, se le haaumentado hasta los 75 años.

El abogado de Galindo, José María Fúster Fabra, informó el pasado miércoles a Servimedia de que había hablado con las familias tras conocer el fallo del Supremo, y que le habían transmitido que es "muy probable" que pidan el indulto al Ejecutivo.

EL PRECEDENTE DE BARRIONUEVO Y VERA

Esta posible solicitud de indulto cuenta con antecedentes en temas relacionados con el GAL. La víspera de la Nochebuena de 1998, el Consejo de Ministros concedió un indulto parcial a Barronuevo, Rafael Vera y al resto de condenados en el `caso Marey`.

La petición formal iba encabezada por el promotor de la idea, el ex alcalde socialista de Ciudad Rodrigo (Salamanca), Miguel Cid Cebrián, aunque contaba con varios miles de firmas. No firmaron Barrionuevo ni Vera. Otros encausados, funcionarios policiales, habían pedido indulto por su cuenta.

Al ver reducida su pena de diez años de cárcel a solo tres años y cuatro meses, ambos ex altos cargos de Interior vieron cómo Instituciones Peitenciarias les concedía legalmente la libertad provisional, situación en la que permanecen desde entonces.