En dicha respuesta, difundida hoy por el PP, el Ejecutivo admite que los pagos retrasados ascendían a finales del pasado mes de agosto a 1.848.000 millones de pesetas, 558.000 millones más que a pincipios del ejercicio.

Para Ortí Bordás, ese nivel de endudamiento es "una prueba fehaciente de la mala gestión de la Administración", aunque considera que es "un paso importante" que el Gobierno lo admita.

A su juicio, eso refleja "una toma de conciencia de la gravedad de la situación por el riesgo que ello conlleva para la estabilidad de las empresas y las perjudiciales consecuencias para el desarrollo de los distintos sectores económicos".

El senador popular recalcó que "la deuda contraía en los últimos años por las Administraciones Públicas supone un débito medio de 700.000 pesetas por cada español" y que su financiación requirió 2,1 billones de pesetas en 1991.

En su opinión, esta situación es "alarmante" y constituye una grave carga para la economía española, ya que "compromete seriamente nuestros recursos, el desarrollo de los distintos sectores económicos y nuestro futuro".