Fuentes del Gobierno reconocieron este lunes a Servimedia que durante este pasado fin de semana hubo "contactos" y "avances" para entregar a la Generalitat las competencias de inmigración a Cataluña. Un pacto que, según aseguraron, "todavía no está cerrado, pero esperemos que muy pronto".

Una declaración de intenciones que se produce el mismo día en que el expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont reclamó al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que registre una cuestión de confianza en sede parlamentaria. "Sánchez no es de fiar", dijo el dirigente independentista en una rueda de prensa para hacer balance, cuando se cumple un año de las negociaciones que su formación mantiene a cambio de apoyar a Sánchez al frente del Ejecutivo. Puigdemont registró esta advertencia este lunes a modo de proposición no de ley para que el resto de fuerzas políticas discutan sobre este asunto en la Cámara Baja.

Por su parte, desde el Ejecutivo rechazan ampliamente una cuestión de confianza e insisten en que este Gobierno "cumple con lo pactado". Asimismo, achacan estos "nervios" de Junts a la negociación de los Presupuestos y asocian de manera subrepticia la negociación de las competencias de migración. Fuentes de Junts consultadas por Servimedia afirman que el traspaso de estas competencias "tendría que llegar este mes de diciembre".

Pero lo cierto es que ambos interlocutores aseguran que no se ha dejado de negociar "en ningún momento". Un traspaso de competencias que Junts dio por confirmado el pasado mes de enero, cuando dieron por alcanzados acuerdos de "política integral" con el Gobierno central en diversas materias entre las que se encontraba inmigración. De ahí, la formación independentista defendió que se podría incluir el control de los flujos migratorios o hasta herramientas para expulsar inmigrantes delincuentes multirreincidentes. Pero hasta el momento nada ha trascendido porque "las negociaciones se están llevando con discreción y así queremos que sigan", señala un peso pesado del Gobierno.

Sin embargo, fuentes conocedoras señalan a esta agencia que, pese a los contactos de este fin de semana, el acuerdo sigue encallado. El nudo gordiano estaría en el consenso entre ambas partes respecto a qué facultades puede ostentar una administración autonómica en esta materia, que desde el Gobierno califican de "delicada", ya que guarda relación directa con las fronteras del Estado. Así, sin desvelar nada, las mismas fuentes sostienen que todavía "hay flecos" que pulir en lo referente a "políticas de seguridad e interior".

De ahí que Junts se haya centrado en vender de cara a la opinión pública la concesión de poder expedir permisos de regularización de residencia o trabajo que se darían en función de los requisitos de "catalanidad" que tenga la persona migrante. Preguntada la formación independentista al respecto, advierte que no sólo consistiría en hablar y conocer bien la lengua, sino también en conocer otros aspectos, como la historia de Cataluña. Así, añaden que "una cosa es la gestión de todos los permisos de residencia y trabajo, y otra cosa es quien firma oficialmente los permisos".

Desde la formación independentista apremian al Gobierno para poder tener algo a lo que agarrarse ante el posible voto afirmativo de sus siete diputados en el Congreso a los nuevos Presupuestos para 2025 y, de tener atadas antes estas competencias, utilizarlas en la negociación de las cuentas públicas como moneda de cambio. El objetivo, según reconocen desde Junts, es "que Sánchez cumpla con las concesiones que debe a Cataluña. Una por una". De ahí la dureza de Puigdemont y el apremio para llegar a Navidad con alguna medida a la aferrarse frente a ERC.