La importancia de esta tajante toma de postura viene dada por la inminente presentación de la propuesta que la Generalitat llevará al Consejo de Política Fiscal y Financiera para el período 2007-2011, con agencia tributaria propia incluída. El Ejecutivo Central se ha sentido en la obligación de cortar el debate y ha aprovechado una declaraciones de Pasqual Maragall para dejar clara su postura.

Maragall afirmó el pasado miercoles en Madrid, en el transcurso de un almuerzo ofrecido por el "Foro abc", que no es posible seguir manteniendo 25 años después de aprobada la Constitución un modelo que fomenta la insolidaridad de los territorios forales con el resto.

Argumenta, y en esto tiene el apoyo de todo el arco parlamentario catalán, excepto el PP, que esa comunidad aporta anualmente a las arcas del Estado 9.000 millones de euros más de lo que recibe, y que la solidaridad de sus habitantes con otros territorios tiene un límite. "Lo contrario", dijo, "llevaría a acostumbrar a unos territorios al subsidio y a irritar a otros por el sobreesfuerzo fiscal que se hace".

Las críticas más duras a estas palabras no han venido del PP, curiosamente, sino de su propio partido. Juan Carlos Rodríguez Ibarra ha dicho que cuando oye eso le parece oír a un "nacionalista", y el propio presidente del PSOE, Manuel Chaves, le ha tachado de insolidario.

Este mediodía, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, la vicepresidenta primera, María Teresa Fernández de la Vega, señaló que en el modelo a partir de 2007 "no habrá más singularidad" que la establecida por la Carta Magna para Euskadi y Navarra, y que las trece autonomías restantes seguirán con el régimen "único".

"PARA QUE LES QUEDE CLARO"

La financiación del resto será común y permitirá mantener la "cohesión social y territorial de España", añadió la "número dos" del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero.

"En resumen, para que les quede claro: habrá un sistema de financiación común para todos", con la excepción constitucional de Euskadi y Navarra.

Y, en alusión a los topes de solidaridad fiscal entre autonomías que propone Maragall, aseguró que la fijación del sistema de financiación "es una competencia del Gobierno. Desde luego, el Gobierno, como siempre hace con sus competencias, la va a ejercer, y va a garantizar que se mantendrá la cohesión social y territorial de nuestro país".