En la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Ministros, la vicepresidenta primera y portavoz del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, aseguró que el Ejecutivo "rechaza la violencia, el racismo y la xenofobia y, por tanto, no puede compartir lo que está sucediendo en Italia".

La tesis del Gobierno español, insistió, es que la inmigración es un fenómeno positivo y necesario, siempre que se gestione sobre la base de la legalidad y el orden y con leyes que permitan reconocer derechos y deberes a los inmigrantes.

Sobre esa premisa, no comparte políticas que incluyen "expulsiones sin respeto a la ley y a los derechos" ni actuaciones que pueden contribuir a exaltar conductas violentas con tintes racistas y xenófobos.

Fernández de la Vega cree que existen mecanismos legales con los que combatir la inmigración ilegal preservando los derechos de las personas y la convivencia, "y ésos son los que hay que utilizar".