El Real Decreto desarrolla reglamentariamente el denominado "régimen de impatriados", que fue aprobado por el anterior Gobierno a través de la Ley de Medidas Fiscales y Administrativas para el año 2004.

Este régimen especial establece la posibilidad de que las personas físicas que adquieran su residencia fiscal en España, en virtud de un contrato laboral, puedan optar por tributar por el Impuesto sobre la Renta de no Residentes.

La finalidad de este régimen especial es facilitar la implantación de empresas extranjeras en España y favorecer que altos directivos y algunos deportistas fijen aquí su residencia y no prefieran paraísos fiscales.

Las personas físicas que adquieran su residencia fiscal en España podrán optar por este régimen cuando no hayan vivido en España durante los diez últimos años y que la llegada a España sea con un contrato de trabajo.

Se admite la realización de parte de los trabajos en el extranjero, siempre que la retribución correspondiente a los mismos no exceda del 15% del total y, si trabaja también para otras empresas del grupo, se eleva el porcentaje al 30%.

La tributación de estas rentas en el IRPF al 25% supondrá que no se contemple ningún gasto deducible y sin que tengan derecho a la aplicación de prácticamente ninguna deducción ni reducción. La opción por el régimen debe realizarse en el plazo de seis meses desde el inicio de la actividad.