Esta es una de las conclusiones salidas de la reunión que han mantenido esta tarde el presidente del Gobierno, José María Aznar, el ministro de Economía, Rodrigo Rato, el ministro de Administraciones Públicas, Mariano Rajoy, y el coordinador del partido, Angel Acebes, con los presidentes autonómicos del Partido Popular.

Con ste encuentro, Aznar pretendía reorientar la política autonómica del Gobierno, conocer el punto de vista de los presidentes de las comunidades gobernadas por el PP y buscar el acuerdo de los `barones' populares en torno a los asuntos que se tratarán en el Consejo de Política Fiscal y Financiera del próximo día 21 en Cádiz.

Tras conocerse la ofensiva socialista contra el nuevo sistema de financiación autonómica, el Gobierno ha decidido pasar al contraataque y poner al PSOE ante la diatriba de negociar n nuevo pacto autonómico al igual que hicieron los populares cuando eran oposición, en 1992, con el ejecutivo socialista.

Rajoy se pondrá en contacto esta misma semana con el secretario de Relaciones Política e Institucionales del PSOE, José María Benegas, del que espera tenga la voluntad de iniciar un diálogo.

Para el ministro de Administraciones Públicas es difícil pensar que el "Partido Socialista quiera constituirse en un freno para el desarrollo del Estado de las autonomías", máxime cuando Cstilla-La Mancha acaba de aprobar la reforma de su estatuto, la misma medida que el Gobierno pretende negociar con los socialistas para el resto de las comunidades del 143.

Mariano Rajoy reiteró que el Gobierno se encuentra permanentemente abierto al diálogo y recomendó a todas las comunidades que se sumen al nuevo modelo de financiación porque lo contrario "supondrá una pérdida económica importante".

Todos los presidentes autonómicos del PP estuvieron de acuerdo en la necesidad de comenzar a negciar desde ahora el nuevo marco financiero en el que desenvolverán las comunidades a partir de 1998, fecha en que expira el actualmente pactado.

Este acuerdo supondrá el establecimientro de unos objetivos de deuda y déficit en cada comunidad para los cinco años siguientes, parámetros a los que todas las autonomías deberán someterse con voluntad de cumplimiento.

En la reunión de hoy, los presidentes autonómicos se mostraron unanimemente a favor del establecimiento de este marco y no descartaronla posibilidad de que se establezcan sanciones para aquellas comunidades que no cumplan con sus objetivos.

El Gobiern no hará un propuesta concreta al respecto en la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera porque prefiere que cualquier medida de estas características sea acordada por los gobiernos territoriales y, por tanto, no llevará a la reunión del día 21 "una posición prefijada ni cerrada".

Se acordó, asimismo, la creación de un grupo de trabajo que comenzará a estudiar el nuev escenario económico autonómico a partir de la reunión del pleno del Consejo de la próxima semana, que será el encargado de analizar las posibles sanciones aplicables a las comunidades que se salten sus objetivos de deuda y déficit.