RSC

EL GOBIERNO QUIERE INTRODUCIR COMPETENCIA ENTRE LOS FUNCIONARIOS Y EVALUARA SU PRODUCTIVIDAD PARA FIJAR EL SUELDO

- Quiere sacar a sindicatos y partidos políticos de los tribunales de oposiciones

MADRID
SERVIMEDIA

Acabar con los "chistes" sobre los funcionarios. Este es el objetivo que se ha marcado el Gobierno, según Jordi Sevilla, en su reforma de la administración pública. Para lograrlo, pretende introducir la competencia entre los empleados públicos y evaluar periódicamente su productividad para fijar categoría y sueldo.

El ministro de Administraciones Públicas presentó hoy el documento elaborado por la comisión de expertos creada "ad hoc" para la redacción de un Estatuto Básico del Empleado Público y con cuyo contenido está de acuerdo el Ejecutivo.

Sevilla aseguró que la elaboración de un estatuto que regule el empleo público es una "asignatura pendiente", pero para que España "vaya mejor" debe contar con una Administración Pública que "facilite las cosas, que sepa que su función es servir para que las cosas funcionen".

El presidente de la comisión de expertos designada por el Gobierno y catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad de Alcalá, Miguel Sánchez Morón, explicó las líneas principales de su propuesta, que recibieron la aprobación "más que completa" del Gobierno.

PREMIAR PRODUCTIVIDAD

Sánchez Morón explicó la necesidad de "evaluar periódicamente la labor de los empleados públicos", pero no a través de exámenes, sino, principalmente, de su productividad. La periodicidad variaría según la actividad y la administración de que se trate, pero no debería superar los dos años.

De los resultados de esta evaluación dependerían, por ejemplo, los ascensos o aumentos salariales. Además, podría castigar las irregularidades con una degradación, siempre y cuando no fueran lo suficientemente graves como para llegar al despido.

Según explicó Sánchez Morón, esta política ya se practica en muchos países europeos e, incluso, en algunas administraciones españolas, como la militar o la agencia tributaria.

Asimismo, el grupo de expertos propone que los aumentos salariales pactados para cada año no se repartan linealmente entre todos los empleados públicos, sino que premien más a los más productivos. Quieren que el salario variable tenga mayor peso que en la actualidad y reducir la proporción del fijo.

SIN SINDICATOS

Por otro lado, Sánchez Morón destacó la importancia de modificar las pruebas de acceso al empleo público y los tribunales que evalúan a los opositores, con el fin de aumentar su objetividad y agilizar los trámites.

Para los expertos es necesario que los tribunales de evaluación sean plenamente objetivos, para lo que deben estar constituidos "exclusivamente por personal formado", dejando fuera a "partidos políticos, sindicatos o asociaciones de funcionarios". Quieren oposiciones más ágiles, con menos carga memorística y que evalúen aspectos relacionados con la función que se desempeñe.

READMISION FORZOSA

Entre otros aspectos, la propuesta de los expertos trata de unificar algunos apartados entre los funcionarios y los empleados con un contrato con la Administración Pública. Una de las modificaciones que introduciría el nuevo estatuto sería la eliminación del despido improcedente por parte de las administraciones.

En este caso, si cualquier administración despide a un empleado público y el tribunal concluye que es improcedente, la única posibilidad sería la readmisión del trabajador, eliminando la opción de la indemnización.

Asimismo, la propuesta de estatuto apuesta por reforzar la incompatibilidad de los empleos públicos y los privados, sobre todo en el caso de trabajadores relacionados con tareas de asignación de contratos o reguladores.

En estos casos, los expertos señalan la necesidad de aumentar el control sobre los que dejan su empleo público para acceder a uno privado, vigilando las posibles relaciones entre ambos puestos de trabajo.

Además, el permiso para compatibilizar dos empleos por parte de los funcionarios debería cumplir con dos requisitos: por un lado, el seguimiento estricto del horario; y, por otro, la evolución positiva del trabajador y la obligación de que tenga un buen rendimiento en su empleo público.

ESTATUTO BASICO

Tanto los expertos como el ministro y el secretario general de la Función Pública, Francisco Javier Velázquez, coincidieron en señalar que este estatuto sería básico, ya que sería imposible que recogiera las peculariedades de cada administración y de cada región.

Por ello, los tres apuntaron que el texto definitivo deberá ser desarrollado por cada administración, por cada comunidad autónoma y por cada ayuntamiento, según sus características.

En este sentido, Velázquez aseguró que "no nos debe asustar la diversidad" y apuntó que el único requisito que las comunidades deben tener en cuenta a la hora de desarrollar su estatuto sería que respetara la movilidad territorial de los trabajadores.

El grupo de expertos también advierte de la necesidad de reducir la alta temporalidad que hay entre los empleados públicos, por lo que la futura regulación deberá establecer mecanismos que mejoren la situación.

Asimismo, el Gobierno debería impedir "legalmente" la prolongación de situaciones de interinidad y de contratos temporales que no estén "estrictamente justificados".

RECURSOS HUMANOS

Los expertos también destacaron la importancia de reforzar las unidades de gestión de los recursos humanos de las administraciones públicas, algo "imprescindible" para "prevenir problemas de carencia o excedentes de personal y lograr el mejor aprovechamiento de los efectivos disponibles".

El presidente de la comisión aseguró que también es necesario establecer un listado de derechos básicos de todos los empleados públicos, así como redactar, por primera vez, un código ético y una serie de deberes para los mismos.

El secretario general de la Función Pública se mostró confiado en que el texto del Estatuto pueda presentarse antes de fin de año en el Congreso, donde Sevilla espera lograr "el mayor consenso posible".

El ministro de Administraciones Públicas agradeció la labor realizada en este asunto por algunos de sus predecesores, como Mariano Rajoy o Angel Acebes, y aseguró que, en algunos aspectos, tratará de continuar el camino iniciado por ellos.

(SERVIMEDIA)
25 Abr 2005
M