Ambos se reprocharon la "deslealtad" política demostrada en este asunto. Mientras Montoro aseguró que la dirección del PSOE "no ha querido un acuerdo autonómico nunca", los socialistas le acusaron de "dinamitar" literalmente el consenso conseguido en julio a través de las enmiendas introducidas en el Senado.

Los socialistas se referían así a la enmienda por la que se daba carta de naturaleza al nuevo impuesto de hidrocarburo y, en especial, a la que hoy motivó en el Senado la presentación de varios vetos de IU, Entesa y el BNG, que pretende vincular el nuevo modelo de financiación a la aceptación del trapaso de la sanidad por las comunidades autónomas.

Los vetos resultaron rechazados con los votos del PP, Coalición Canaria y CiU, pese al apoyo que el PSOE dió a los grupos minoritarios.

El debate no estuvo exento de incidencias. Desde los bancos socialistas se increpó al ministro de Hacienda cuando dijo que el PSOE nnca tuvo intención de pactar con el Gobierno el sistema de financiación autonómica. Por su parte, Galán insistió en que la voluntad de su partido al votar a favor en julio, fue la misma con la que se suscribieron los pactos contra el terrorismo y de reforma de la justicia.

El rechazo de los vetos tuvo lugar después de que Montoro se negara al pacto que le ofreció el PSOE desde la tribuna y que consistía en la retirada de todas sus enmiendas al proyecto de financición autonómica a cambio de retomar la egociación desde el punto de partida de la acuerdo de julio.

INCONSTITUCIONALIDAD

Después de la derrota de los vetos en la Cámara Alta, el PSOE está estudiando presentar un recurso ante el Tribunal Constitucional por entender que las enmiendas del Gobierno son, de hecho, la revocación de la legalidad del Estado autonómico para imponer la teoría "de la verticalidad del poder de Putin" y actualizar la máxima del presidente soviético Stalin: "hagamos pactos para no cumplirlos".

Montoro advirtió a os socialistas que la presentación de dicho recurso sería "gravísimo" porque impediría que ninguna comunidad autónoma gobernada por el PSOE pudiera sumarse, si así lo quisiera, al nuevo modelo de financiación.

En este sentido, el titular de Hacienda aseguró en los pasillos del Senado que está dispuesto a seguir negociando con los representantes de las diez comunidades autónomas que aún tienen pendiente el traspaso de las competencias de sanidad y, en este sentido, se mostró seguro de que "con los númeo en la mano" habrá muchas que firmarán.

También apuntó esa misma idea desde la tribuna de oradores, cuando dijo que en la decisión de los presidentes autonómicos socialistas pesará más la defensa de los intereses de sus ciudadanos que la defensa de intereses partidistas.

Por su parte, Galán argumentó que el Gobierno ha perpetrado la "quiebra del principio de lealtad" y ha optado por "la imposición" que representa "el modelo Aznar de cierre del desarrollo autonómico", que evidencia una inclinació "autoritaria y neocentralista" en su concepto del Estado.

DISCREPAR EN LOS COSTES

PSOE y Gobierno discrepan en la evaluación del coste del traspaso de la sanidad a las diez comunidades autónomas, cinco gobernadas por los socialistas, que están pendientes de recibirlas.

Después de la correspondiente ronda de negociaciones bilaterales entre el Ejecutivo y las distintas comunidades autónomas, los socialistas estiman que para hacer viable el traspaso son necesarios 100.000 millones más de pesetas,sobre los 740.000 millones que ofrece Hacienda.

De esos 100.000 millones de pesetas de financiación que reclama el PSOE, 45.000 millones irían a parar a las cinco autonomías de que gobiernan y aún tienen pendientes los traspasos: Asturias, Aragón, Baleares, Castilla-La Mancha y Extramadura.

El Consejo de Ministros tiene previsto aprobar las modificaciones sobre la financiación autonómica el próximo día 28 de diciembre, tras su trámite en el Senado hoy y en el Congreso el próximo jueves, con las atonomías con las que culmine un acuerdo.

El proyecto de ley contó con el apoyo del PSOE en el primer debate que se celebró en el Congreso, puesto que el primer partido de la oposición consideraba que el texto se correspondía con el acuerdo alcanzado en el seno del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) celebrado el pasado 27 de julio.

Ahora se oponen por la introducción por parte del PP de una enmienda que excluye del nuevo modelo de financiación autonómica a las comunidades que no acepte el traspaso de la sanidad, una condición que consideran un "chataje" y una "coacción".

En este sentido, los socialistas no consideran el problema económico tan importante como el hecho de que se les quiera imponer la aceptación de competencias a cambio de que se apruebe el nuevo sistema de financiación.

A su juicio, el desarrollo del sistema autonómico sólo puede basarse en la libre aceptación de competencias por parte de las comunidades autónomas y no por la imposición que quiere hacer el Gobieno.

Montoro no coincide con las estimaciones económicas del PSOE, pero en todo caso aseguró que la cesión de la sanidad pública se hará poniendo el contador de la deuda anterior "a cero" y que los recursos estimados por Hacienda son suficientes para afrontar los gastos. Algo de lo que dudan los socialistas, en especial en el caso de las autonomías uniprovinciales con poca población.