Una comisión "técnica" formada por la Generalitat y el PSC, por un lado, y de Presidencia del Gobierno y el Ministerio de Administraciones Públicas, por otro, se reunieron el pasado lunes en la sede de ese ministerio para desbloquear lo que desde el Ejecutivo se seguía viendo como un "blindaje competencial".

Así se considera que el texto reserve al Parlamento catalán la exclusividad legislativa y reglamentaria de esas competencias propias, conculcando la soberanía legislativa de las Cortes para todo el territorio nacional mediante las leyes de base.

Este acercamiento, que deberá ser ratificado en sucesivas reuniones "técnico-jurídicas" -no políticas- a lo largo de los próximos meses, supone que el partido mayoritario del Gobierno Maragall rebaja sus pretensiones legislativas.

Por otro lado, la ponencia incluye una proposición de ley orgánica "de facultades de ejecución de la legislación estatal a la Generalitat" por traspaso de cinco grandes competencias del Estado delegadas, lo cual iría como disposición adicional en el futuro estatuto.

Pero desde el Gobierno central se sigue pensando que la técnica jurídica debiera ser a la inversa, es decir, que sean las Cortes Generales las que aprueben el traspaso de competencias mediante leyes "ad hoc" por la vía del artículo 150.2 de la Constitución, como ocurrió con los Mossos d´Esquadra (ley 10/1994). Así lo recoge la reiterada doctrina del Tribunal Constitucional, se recuerda.

De hacerlo como propone el texto de la ponencia del Estatut, y en términos de técnica jurídica, las Cortes estarían aprobando una contradicción: la cesión de competencias propias del Estado no por iniciativa legislativa propia (mediante ley orgánica), sino por asunción de la disposición adicional de una ley que le envía el Parlamento autonómico catalán, con lo que ello conllevaría de pérdida de soberanía legislativa propia.

El primero de los cuatro puntos de que consta esta disposición adicional dice que "se transfieren a la Generalitat las facultades de ejecución de la legislación estatal en materia de gestión de puertos y aeropuertos de interés general situados en Cataluña, en materia de telecomunicaciones y gestión del espacio radioléctrico, inmigración y servicios meteorológicos dependientes del Estado situados en Cataluña".

Queda por ver ahora la reacción de los socios minoritarios del tripartito, Esquerra Republicana de Cataluña (ERC) e Iniciativa per Cataluña, a ese acercamiento del PSC al Gobierno en términos "técnicos".

Desde que se conocieron los términos de la ponencia del nuevo Estatut, el Gobierno se ha negado a ceder competencia legislativa total, argumentando que socavaría la soberanía de las Cortes para promulgar leyes de base y supondría trasladarla a cada parlamento autonómico.

NO A UN "PLAN IBARRETXE BIS"

Pese al acercamiento de posiciones del pasado lunes, las fuentes consultadas admiten que las negociaciones "no son fáciles", pero resaltan la determinación del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero de no admitir aspectos contrarios al marco constitucional. Recuerdan, en este sentido, que el compromiso del presidente en el Palau Sant Jordi en la campaña electoral para el 14-M era aprobar una ponencia respetuosa con la Carta Magna de 1978.

Según las fuentes consultadas, el blindaje de competencias con "exclusividad" legislativa o la modificación "de facto" de cuatro leyes orgánicas que supondría aplicar algunos artículos de la ponencia sin más (Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, Poder Judicial, Financiación Autonómica y Régimen Electoral General) son reivindicaciones inconstitucionales.

A este respecto, la reclamación de que el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña sea la última instancia judicial en Cataluña, la polémica es menor porque ya se reivindica en la reforma del Estatuto de la Comunidad Valenciana, y será objetivo también de otros parlamentos autónomos.

El Ejecutivo no va a dejar que sean las reformas de estatutos las que se lo impongan. Será él, en octubre próximo, el que tome la iniciativa de reformar la Ley Orgánica del Poder Judicial para que los tribunales superiores sean las últimas instancias en cada comunidad y el Tribunal Supremo quede para unificar jurisprudencia, tal y como anunció en el pasado Debate sobre el Estado de la Nación.

Otro escollo sigue siendo la pretensión de los miembros del tripartito catalán, con el apoyo de CiU, de que el Parlamento de Cataluña designe miembros del Tribunal Constitucional, competencia exclusiva ahora de las Cortes Generales.

La doctrina del Tribunal Constitucional sostiene que las competencias estatales pueden ser transferidas y delegadas por la vía del 150.2 mediante una ley orgánica "ad hoc" aprobada por las Cortes, como ocurrió con la creación de los Mossos d´Esquadra (ley 10/1994).

Lo que es inconstitucional, según las fuentes consultadas, es que la reforma de un estatuto de autonomía, que es una ley orgánica, obligue a cambiar "de facto" cinco leyes orgánicas: la del Régimen Electoral General, y la de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, entre otras.

En cualquier caso, todavía queda mucho recorrido para la negociación en la Comisión Constitucional del Congreso, que preside Alfonso Guerra. Las fuentes consultadas insisten en recordar que el compromiso de José Luis Rodríguez Zapatero es que las Cortes aprobarán una reforma del Estatuto respetuosa con la Constitución.

De forma gráfica, la fuente consultada hablaba, no sin temor, de la posibilidad, hoy remota, de un "plan Ibarretxe bis", en alusión al rechazo que logró en febrero pasado el proyecto soberanista del hoy "lehendakari" en funciones.