Este régimen se aplica a ciertas inversiones extranjeras directas realizadas por residentes de otros países de la Unión Europea (UE) y de la Asociación Europea de Libre Comercio (AELC).

Esta medida es complementaria al Real Decreto de Inversiones Extranjeras en España de julio de 2023 que regula el procedimiento de control de inversiones. El escudo se aplica a empresas cotizadas en España cuyas acciones estén, en todo o en parte, admitidas a negociación en un mercado secundario oficial español y tengan su domicilio social en España.

También a empresas no cotizadas cuando el valor de la inversión supere los 500 millones de euros.

Se consideran inversiones extranjeras directas aquellas en las que el inversor pase a ostentar una participación igual o superior al 10% del capital social de la sociedad española o adquiera el control de la sociedad conforme a los criterios establecidos en el artículo 7.2 de la Ley 15/2007, de 3 de julio, de Defensa de la Competencia.

Además, este régimen transitorio incluye las inversiones realizadas por residentes en España cuya titularidad real corresponda a residentes de otros países de la UE y de la AELC. La titularidad real se define como la posesión o control directo o indirecto de un porcentaje superior al 25% del capital o de los derechos de voto del inversor, o el ejercicio de control por otros medios.

Con esta prórroga, el Gobierno reafirma su compromiso de garantizar la seguridad y estabilidad de sectores estratégicos de la economía nacional en el actual contexto geopolítico. Esta medida busca también asegurar un entorno competitivo y equilibrado que favorezca el desarrollo económico sostenible.