El anteproyecto de ley, que se ha elaborado a propuesta de los ministerios de Medio Ambiente, Justicia e Interior, será aprobado previsiblemente durante el mes de mayo por el Consejo de Ministros, una vez culminado el proceso de consultas.

La Ley de Montes que está vigente en la actualidad fue aprobada por las Cortes Generales en 2003 y su objetivo era actualizar el régimen jurídico regulador de los espacios forestales, de acuerdo con la nueva concepción del medio ambiente consagrada por la Constitución.

El Gobierno ha decidido la modificación de esta norma a la vista de las deficiencias detectadas, especialmente en lo que se refiere a la lucha contra los incendios forestales y a la protección que deparan los sistemas administrativos de registro y catálogo de los distintos tipos de montes.

En el anteproyecto de ley se añade un nuevo capítulo sobre las figuras de los montes protectores y protegidos con la finalidad de extender la protección que se deriva del Catálogo de Montes de Utilidad Pública a la totalidad de la masa forestal y aplicar la lógica constitucional derivada del artículo 45, según la cual la protección debe tomar como referencia las cualidades objetivas del recurso que se ha de conservar y restaurar.

En la nueva redacción se reconoce como un instrumento para la gestión forestal sostenible y se establece el compromiso de las Administraciones Públicas de favorecer el consumo responsable de productos forestales en los procedimientos de contratación pública.

Otra innovación de gran importancia es la creación del Fondo para el Patrimonio Natural, cuya materialización garantizará la estabilidad y continuidad de los recursos económicos en apoyo de los espacios forestales.