Así lo explicó el ministro de Transformación Digital y de la Función Pública, José Luis Escrivá, en la rueda de prensa posterior a la reunión del Gobierno, donde explicó que la normativa incluye obligaciones en materia de publicidad y protección a menores.

Entre los criterios para definir a los 'influencers', el Gobierno ha establecido que sus ingresos deben superar los 300.000 euros anuales y el millón de seguidores en una aplicación de intercambio de vídeos o los dos millones en el conjunto de las aplicaciones.

Entre las obligaciones, establece el etiquetado del contenido por edades y el uso de herramientas de identificación digital de edad si contenido es inapropiado.

También exige la identificación expresa de contenido publicitario y la prohibición de anuncios que puedan causar perjuicio físico o mental a menores.

El Gobierno va a crear un registro de estos 'influencers', el Registro Estatal de Prestadores Audiovisuales, al que deberán inscribirse en el plazo de dos meses.

Escrivá destacó que la normativa ofrecerá “mayor protección para todos los consumidores, especialmente para los menores”, además de imponer a los 'influencers' “iguales obligaciones que las televisiones comerciales y otros actores audiovisuales".