En la operación, cuyo diseño corresponde ahora organizar a la compañía presidida por Cándido Velázquez, tendrán una presencia destacada las entidades financieras que hasta ahora han constituído el denominado "núcleo duro" de accionistas privados de la compañía: La Caixa (3,1%), BBV (2,9%) y Argentaria (2,5%).

La capitalización bursátil actual del grupo español de telecomunicaciones asciende a 1,4 billones de pesetas, lo ue sitúa el valor en bolsa de cada punto de capital del grupo en unos 14.000 millones de pesetas, por lo que los ingresos del Patrimonio del Estado podrían rondar los 170.000 millones de pesetas.

El Gobierno autoriza la privatización sólo una semana después de que la Comisión Delegada para Asuntos Económicos y el Consejo de Ministros analizaran la operación, sin alcanzar un acuerdo, debido al enfrentamiento entre el vicepresidente, Narcís Serra, y el ministro Solbes, por un lado, y los remisos a la opración, Griñán, Rubalcaba y Borrell, por otro, con Eguiagaray manteniendo una posición intermedia.

Fuentes gubernamentales consultadas por Servimedia señalaron que una de las posiciones más enfrentadas a la privatización en la Delegada fue la del responsable de Trabajo, José Antonio Griñán, quién rechazó tajantemente el planteamiento de Solbes y Serra de que la constitución de un "núcleo duro" de accionistas bancarios españoles en telefónica permita preservar los intereses públicos en la operadora.

Tras la reunión del Consejo, el ministro de la presidencia, Alfredo Pérez Rubalcaba, restó importancia a estas diferencias de criterio, y adelantó que no existe intención del Gobierno de proceder a nuevas colocaciones de Telefónica a medio plazo.

De hecho, señaló, la autorización realizada permite hacerla de una sóla vez o por partes, al tiempo que mantiene en manos del Estado una participación próxima al 20%, que el Gobierno considera suficiente para garantizar y salvaguardar los intereses nacionals en Telefónica.

Rubalcaba hizo también referencia al documento de trabajo del Gobierno para reformar la política de participación pública en empresas, y explicó que el planteamiento del Ejecutivo no consiste sólo en la privatización, sino también en la reestructuración de empresas industriales y la búsqueda de socios, como es el caso del grupo INI-Teneo, en donde el interés especial es el saneamiento y mejora de las condiciones de competitividad.