El proyecto establece la suscripción obligatoria por el promotor de un seguro que garantizará durante 10 años la reparación de los daños provocados por defectos que tengan su origen o afecten a la seguridad estructural del edificio.

El Ministerio de Fomento estima que, de acuerdo con los estudios realizados, la repecusión del seguro en el precio de venta será del 0,6 al 0,8 por ciento. El departamento que dirige Rafael Arias Salgado considera que "ello globalmente quedará compensado por el ahorro colectivo que supondrá la disminución de los siniestros y el gasto derivado de la falta de calidad en la edificación".

Según el Gobierno, para redactar este proyecto se ha alcanzado un "amplio consenso" con los colectivos más representativos de la edificación: promotores, constructores, aseguradoras, colegios profesionaes.