EL GOBIERNO PRETENDE QUE NO SEA VINCULANTE LA OFERTA DEL BANCO SOBRE UN PRESTAMO HIPOTECARIO
- El usuario tendría que pedirlo expresamente, lo que rebajaría la protección de sus intereses, según ADICAE y OCU
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El Gobierno pretende suprimir el carácter vinculante que ahora tiene l información de una entidad financiera cuando se solicita un crédito hipotecario y dejar al banco o caja la posibilidad de cambiar su oferta salvo que el usuario solicite expresamente que le hagan una propuesta vinculante, según han denunciado las asociaciones de consumidores ADICAE y OCU.
El Ministerio de Economía ha elaborado un proyecto de modificación de las condiciones de transparencia de los préstamos hipotecarios (Orden de 5 de mayo de 1994) en el que se suprime la obligación de que la oferta dl banco en el momento de la comercialización sea vinculante a la hora de la concesión definitiva de la hipoteca.
En su lugar, el departamento que dirige el vicepresidente segundo, Rodrigo Rato, propone que la oferta sea vinculante "sólo a petición expresa del cliente", como si el usuario no se fiara de los precios y las condiciones que le presenta un empleado de una entidad financiera.
Precisamente, entre las garantías de la orden del 94 figura que el notario debe verificar que la oferta vinculane se corresponde con las cláusulas del contrato.
El director de la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU), José María Múgica, señaló que si se mantiene la oferta vinculante "sólo a petición del cliente, perdiendo por tanto el carácter de obligatoria, y sin la existencia de un mecanismo de renuncia formal previa, va a suponer en la práctica la desaparición de este mecanismo de información al consumidor".
CODIGO DE BUENAS PRACTICAS
El presidente de la Asociación de Usuarios de Bancos, Caja y Seguros (ADICAE), Manuel Pardos, señaló por su parte que la armonización de la legislación española con el "código de buenas prácticas europeo" no puede rebajar de ningún modo las garantías que concede la normativa española a los usuarios de las entidades financieras.
Si esta normativa se aprueba, puede suceder que se "informe" al usuario de unas determinadas condiciones y que luego se le apliquen otras bien distintas, con el consiguiente perjuicio que esto supone.
La OCU y ADICAE han escritolos ministerios de Sanidad y Consumo y Economía solicitando que se reconsidere la redacción actual del proyecto y se mantenga el actual nivel de protección de los legítimos intereses de los usuarios, garantizando el derecho a la información.
Asimismo, ambas organizaciones de consumidores consideran que la reforma de la legislación es una buena oportunidad para añadir otras garantías suplementarias, como por ejemplo, que sea obligatorio que el banco informe en la oferta sobre los mecanismos legales deresolución de conflictos en España, "hoy por hoy, poco conocidos para los usuarios".
(SERVIMEDIA)
04 Ene 2002
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