EL GOBIERNO PRETENDE INSTALAR PLANTAS DE INCINERACION EN VIZCAYA, CIUDAD REAL Y CADIZ

MADRID
SERVIMEDIA

El Gobierno y las administraciones autonómicas tienen la intención de instalar plantas de incineración de residuos tóxicos y peligrosos en Ortuella (Vizcaya), Medina Sidonia (Cádiz) y la comarca de Almadén (Ciudad Real), según ha denunciado la organización internacional Greenpeace.

Dolores Romano, ortavoz de los conservacionistas, aseguró hoy a Servimedia que "es ridículo que el Ejecutivo siga empeñado en poner en marcha el Plan Nacional de Residuos Industriales Tóxicos y Peligrosos de 1989, porque se ha demostrado que es un fracaso y que no cuenta con el respaldo de los ciudadanos".

Ecologistas y grupos vecinales han emprendido acciones de protesta para impedir la construcción de las plantas de Medina Sidonia y Almadén, ya que ningún organismo público ha confirmado todavía que exista la intencón de instalar otra en Ortuella.

Diversos estudios científicos mantienen que la incineración de residuos tóxicos es una importante fuente de emisión de contaminantes a la atmósfera, tales como dioxinas y furanos.

Algunas de esas sustancias pueden incidir en la salud humana provocando defectos de nacimiento, daños neurológicos, cáncer y supresión inmunológica.

Aunque el censo realizado por la ya desaparecida Secretaría General de Medio Ambiente situaba la producción anual de este tipo de resiuos en 1,7 millones de toneladas, la planta de Almadén podría tener capacidad para 45.000 toneladas anuales y la de Medina Sidonia para 30.000.

Según una información difundida por la Cadena Ser, el plan nacional de residuos contempla, además, la instalación de seis depósitos de seguridad en Somozas (La Coruña), Santovenia del Pisuerga (Valladolid), Zaragoza, Miramundo (Cádiz) y dos en la provincia de Castellón, lo que requeriría una inversión de 700 millones de pesetas.

Asimismo, acogerán plantasde tratamiento físico y químico de estos desechos las localidades de Somozas, La Zoreda (Asturias), Santovenia del Pisuerga y otras en las provincias de Castellón, Pamplona y Zaragoza.

Las mismas fuentes aseguraron que las instalaciones previstas dentro del Plan Nacional de Residuos Industriales Tóxicos y Peligrosos son incapaces de depurar la mitad de las sustancias nocivas actualmente desechadas.

(SERVIMEDIA)
11 Feb 1992
GJA