Según pudo saber Servimedia de fuentes de la Administración,muchos de los inmigrantes que solicitaron su regularización en 1991, en concreto los procedentes de países del Magreb, no pueden traer a sus familias porque los consulados españoles en el extranjero están negándoles los visados, a pesar de que el reglamento que desarrolla la Ley de Extranjería establece visados de residencia por causa de reagrupación familiar.

Puig de la Bellacasa explicó que su ministerio ha decidido retrasar, desde hace tres meses aproximadamente, la reagrupación familiar de los resdentes extranjeros, a la espera de que se apruebe una circular que la ordene y adapte a la nueva situación creada tras la última regularización de inmigrantes.

Según dijo, un obstáculo para la reagrupación es la falta de viviendas en nuestro país, por lo que las autoridades españolas desarrollarán algunas medidas con el fin de evitar la creación de guetos o bolsas de marginación que pudieran atraer a esta población extranjera.

El responsable de Interior añadió que para la elaboración de esta nuev circular, que será debatida en una próxima reunión con los representantes de otros ministerios con competencias en materia de inmigración, se están estudiando diferentes modelos en los que se discuten si deben ser los ayuntamientos, la Administración central o las autonomías las que se encarguen de la reagrupación de inmigrantes.

Por otro lado, Raimundo Aragón Bombín, director general de Migraciones, que participa también en la citada conferencia, señaló hoy que "la crisis económica afecta escasament a los flujos migratorios porque el segmento del mercado de trabajo a los que ellos se dirigen no sufre tanto".

El director general de Migraciones añadió que el reto en política de inmigración es el de "implicar cada vez más a las administraciones autonómicas y ayuntamientos", con la finalidad de que la política represiva o de contención de flujos deje de protagonizar el debate inmigratorio y se trabaje en proyectos de integración, en los que "se ha avanzado menos".

Por ello, su departamento pretnde llevar el modelo del grupo de trabajo que funciona en la comunidad madrileña, en el que participan el Ayuntamiento y la Administración autonómica, a otras regiones donde hay gran presencia de inmigrantes, como Cataluña, el Levante español y las islas.

Aragón Bombín insistió en que el establecimiento de un contingente de trabajadores de 20.600, aprobado recientemente por el Gobierno español, es una medida para evitar el trabajo ilegal en que podrían incurrir los extranjeros y cubrir empleos que no uieren ser desempeñados por los nacionales.

El director de Migraciones insistió también en que favorecer la adquisición de la nacionalidad española a los extranjeros es un factor sustancial para luchar contra la dicriminación, ya que es la mejor forma para que los inmigrantes puedan ejercer todos sus derechos, sobre todo los políticos.