Así, se faculta a las mutuas que tengan concertadas con empresas o autónomos la gestión de las bajas laborales a que declaren, denieguen o anulen el derecho al subsidio por esta causa.

El otro decreto establece nuevos requisitos en la elaboración de partes de alta o baja médica por parte de las mutuas, que incluso podrán ser informatizados. El objetivo es aumentar la rigurosidad a la hora de denegaro de conceder la incapacidad laboral.

GASTO POR PRESTACIONES

Por otra parte, Trabajo ha informado hoy de que el sector de mutuas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales de la Seguridad Social registró un gasto de 71.000 millones de pesetas durante 1996. El gasto total de la Seguridad Social por esta causa fue de 582.000 millones, con un coste medio de 3.900 personas por persona y día.

La Seguridad Social se gastó 510.658 millones de pesetas. De ellos, 277.718 millones correspondieon a las incapacidades laborales directamente tramitadas por ella, mientras que los 232.940 millones restantes los pagaron las propias empresas de forma delegada. El incremento interanual con respecto a 1995 fue del 1,1%.

Las 32 mutuas que existen en la actualidad tienen bajo régimen de incapacidad temporal a 8,9 millones de trabajadores, de los que 7,6 millones sólo tienen protegidas las contingencias profesionales y 1,3 millones se acogen además a la protección por contingencias comunes. Otros 3.370trabajadores por cuenta propia tuvieron cobertura de las mutuas.