Esta es un proyecto que figuraba en el programa electoral del Partido Popular, con la idea de pagar las indemnizaciones a cargo del erario público, y que el Estado recupere posteriormente el dinero exigiendo el pago a los responsables efectivos (los terroristas).

El propósito del Gobierno es hacer frente al problema que plantea el hecho de que las eticiones formuladas por los fiscales en concepto de indemnización quedan sin efecto al declararse insolventes, en la práctica totalidad de los casos, los autores de los crímenes.

No obstante, las fuentes consultadas en el Ministerio del Interior explicaron que, si bien los problemas presupuestarios impedirán en el próximo ejercicio desarrollar dicho proyecto, se potenciarán las vías ya existentes para indemnizar a las víctimas en atentados terroristas, que establecen cantidades de hasta 15 millones d pesetas en caso de fallecimiento.