El objetivo del real decreto es permitir la puesta en marcha de la financiación del Estado mediante la emisión o contratación de Deuda Pública durante este año.

El Gobierno mantiene en vigor los principios generales con arreglo a los cuales ha de realizarse por el Ministerio de Econmía y hacienda el proceso para emisión y contratación efectiva de deuda del Estado y de su posterior gestión.

Para ello, se mantienen en vigor los criterios y principios que han sido de aplicación en los últimos años, excepto para eliminar la referencia a activos desaparecidos, como pagarés del Tesoro, o lo que, en materia de relaciones con el Banco de España, se opusiese a lo previsto en el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea, prohíbe a las administraciones públicas el recurso al crédito delBanco de España cualquiera que sea su forma de instrumentación a partir del 1 de enero de 1994.

Entre estos criterios destaca el mantenimiento de las modalidades y características básicas de los instrumentos de emisión, la agrupación de emisiones o puesta en emisión de nuevos tramos de emisiones anteriores, la unificación del procedimiento de gestión, y el mantenimiento del esquema de creadores de mercado.