El objetivo de ambas medidas es complementario y persigue subsanar de forma "ágil" los problemas de liquidez de las empresas y los trabajadores autónomos que arrastran impagos de los ayuntamientos.

Además, supondrán una inyección de liquidez que favorecerá la reactivación de la actividad económica para las empresas con este problema. En total, se ha estimado que ambas medidas pueden suponer una financiación de unos 14.000 millones de euros.

Las operaciones de endeudamiento bancario tendrán un plazo máximo de amortización de seis años, con posibilidad de uno o dos de carencia. Desde la concertación de la operación, las entidades locales dispondrán de un mes para cancelar las deudas pendientes con proveedores.

El plazo para concertar la operación de endeudamiento es de tres meses a partir de la entrada en vigor del Real Decreto Ley, lo que permite establecer un período máximo de cuatro meses para la ejecución de esta medida.

Los ayuntamientos tendrán que aprobar un plan de saneamiento por idéntico período al de la operación financiera y deberán presentar al Ministerio de Economía y Hacienda una certificación del pago de las deudas abonadas a sus proveedores.

La estimación del Ministerio de Economía y Hacienda es que esta operación de endeudamiento pueda ascender a unos 11.000 millones de euros.

El Real Decreto Ley también permite la puesta en funcionamiento de una nueva Línea del Instituto de Crédito Oficial (ICO) para avalar, por un importe máximo de 3.000 millones de euros, a las empresas y autónomos con deudas pendientes de pago por parte de los Ayuntamientos.

La nueva Línea ICO establece un tipo de descuento máximo del 5% en las operaciones, un porcentaje menor al habitual. Además, con el objetivo de asegurar que las pequeñas empresas y los trabajadores autónomos tengan acceso real a los créditos, se ha establecido un límite de 300.000 euros por acreedor para evitar que las grandes empresas acaparen los avales.

También se ha establecido un límite por entidad local del 25% de su participación en los tributos del Estado para el año 2009, con el objetivo de evitar retenciones excesivas en los ingresos de los ayuntamientos que pudieran crearles problemas en el futuro.