Este proyecto de ley será presumiblemente otro test para el apoyo de los nacionalistas de Convergencia i Unió al Gobierno, ya que deberá regular la figura de los gobernadores civiles, cuya supresión ha sido reiteradamente solicitada tanto por CiU como por el PNV.

La fecha límite para remitir este proyeto de ley al Congreso fue uno d los compromisos adoptados en el último Debate del Estado de la Nación, en una resolución apoyada conjuntamente por el PSOE y CiU.

La redacción definitiva del proyecto debe pasar todavía por una ronda de consultas entre los Ministerios de Justicia e Interior, Economía y Hacienda, y Administraciones Públicas.

La ley podría afectar a unos 100.000 funcionarios de los 300.000 que forman parte de la administración periférica del Estado, y tiene por objetivo simplificar dicha estructura y adaptarla al esarrollo actual del estado de las autonomías.

No obstante, el punto más polémico de la ley será el referido a los gobernadores civiles, ya que el Gobierno central no parece dispuesto a ceder a los requerimientos de CiU y PNV para su supresión.

La posibilidad de sustituir a los gobernadores por funcionarios fue defendida por el ministro para las Administraciones Públicas, Jerónimo Saavedra, pero encontró la oposición clara de otros miembros del Gobierno, como el titular de Justicia e Interior, Jun Alberto Belloch.

A este respecto, Belloch hizo a finales del año pasado unas tajantes declaraciones en las que aseguró que "los gobiernos civiles constituyen una pieza básica de la administración periférica del Estado, pieza que con el tiempo va a tener que incrementar sus competencias y su capacidad de coordinación con el conjunto de servicios de administración".