Conde hizo estas manifestaciones después de que el ministro de Industria, Claudio Aranzadi, explicara a los miembros del Gobierno los términos del plan de futuro elaborado por la compañía pública, que quiere reducir su plantilla de 18.000 a 12.000 empleados antes de que termine 1993.

La ministra recalcó que la reducción de empleo se realizará mediante bajas incentivadas y jubilaciones anticipadas, yque quienes se acojan a esta última modalidad cobrarán el sueldo íntegro que percibían como mineros en activo.

El plan incluye una oferta salarial que supone un 20 por ciento de aumento sobre el IPC previsto para el periodo 1991-93, con una garantía del 10 por cien en caso de que se produzcan desviaciones respecto a las estimaciones oficiales.

Conde aseguró que al Gobierno le preocupa "enormemente" el problema social existente en la cuenca minera asturiana y se mostró convencida de que el diálogoes el mejor camino para buscar una solución, aunque señaló igualmente que la huelga es un derecho constitucional.

El Gobierno, añadió la ministra, desea que los sindicatos vuelvan a la mesa negociadora, que abandonaron el pasado 12 de diciembre, para continuar negociando el plan propuesto por la empresa.

Hunosa prevé para este año unas pérdidas de 65.000 millones de pesetas y considera que este nivel de "números rojos" será imposible de financiar en los próximos años, ante las dificultades que podrá la CE a las subvenciones públicas.

Los sindicatos proponen recortes de plantilla menores y contrapartidas en forma de proyectos de reindustrialización y el compromiso de mantener un cierto nivel de empleo durante un tiempo suficiente para que surjan actividades sustitutorias.