El Gobierno considera que el decreto, publicado en el "Boletín Oficial de Andalucía" el pasado 31 de diciembre, vulnera la competencia exclusiva atribuida al Estado por la Constitución en materia de régimen económico de la Seguridad Social, ratificada por la jurisprudencia del Tribunal Constitucional.

Asimiso, recuerda que la mejor garantía del mantenimiento del poder adquisitivo de las pensiones está reflejada en las disposiciones legislativas emanadas del Pacto de Toledo.

"Se trata, por tanto, de evitar el quebrantamiento de la unidad del sistema y de que se generen desigualdades entre los ciudadanos en lo que atañe a la satisfacción de sus derechos en esta materia", argumenta el Gobierno.

En este sentido, el Ejecutivo invoca tres preceptos que integran el bloque de la constitucionalidad en esta mteria: la disposición final primera de la Ley de la Seguridad Social, en referencia al artículo 149.1.17 de la Constitución, y los artículos 145.1 y 168 de la Carta Magna, que incluyen estas pensiones en el sistema de la Seguridad Social y establecen que su cuantía se fijará en la Ley de Presupuestos Generales del Estado.

"CONTENIDO DEMAGOGICO"

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, el portavoz, Josep Piqué, consideró que la decisión de la Junta "tiene muy poca justificación" y reslta "difícil sustraerse a la idea de que lo que se pretende es, simplemente, el desgaste del Gobierno sobre la base de una medida de contenido claramente demagógico".

"Pensar que un suplemento en una pensión no contributiva, que al mes son 700 pesetas, puede servir para solucionar situaciones complicadas desde el punto de vista personal, es equivocarse", dijo Piqué, quien advirtió del riesgo de romper las condiciones de igualdad entre todos los españoles en las condiciones de percepción de pensiones. En opinión del Ejecutivo, resulta "especialmente remarcable" que esta decisión parta de una comunidad gobernada por el PSOE, cuando el Pacto de Toledo establecía la necesidad de evitar utilizaciones partidistas de las pensiones y de crear precedentes que permitieran adoptar medidas de forma unilateral por parte de alguna Administración.

El presidente del Gobierno, José María Aznar, ya expresó al candidato del PSOE, José Borrell, su disconformidad con este decreto, en la reunión que ambos mantuviern el pasado día 9, según ha sabido Servimedia de fuentes socialistas.