En la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Ministros, Fernández de la Vega reiteró la intención del Gobierno de recurrir ante el Tribunal Constitucional la ley que Ibarretxe ha presentado ante el Parlamento vasco para amparar esa consulta.

El Gobierno argumenta que el contenido del proyecto es "manifiestamente contrario a la Constitución" y los argumentos que utiliza el lehendakari para asegurar que no requiere autorización estatal "carecen de toda base y fundamentación jurídica".

Sin embargo, la vicepresidenta advirtió de que el respeto a la democracia parlamentaria "no permite falsos atajos" y, por tanto, hay que esperar a que ese proyecto sea ley, es decir, sea aprobado por el Parlamento vasco, para poder recurrirlo.

El PP ya ha anunciado otro recurso, que se sumaría al del Gobierno, ya que la Constitución permite la interposición no sólo al presidente del Gobierno, sino también a 50 diputados y a 50 senadores, además de al Defensor del Pueblo.

Sin embargo, sólo el Gobierno tiene la posibilidad de acogerse al artículo 161.2 de la Constitución para la suspensiónautomática de la disposición autonómica impugnada durante un periodo de cinco meses.

La vicepresidenta aseguró que el Gobierno será "firme" en contra de esa iniciativa del lehendakari, pero se ajustará a los procedimientos establecidos en el Estado de Derecho para recurrirla, y esperará por ello a que el proyecto se convierta en ley.

Se mostró convencida de que en ese punto habrá acuerdo con el PP porque es lo "razonable" y porque, además, "creo que antes no es posible" recurrir la iniciativa de Ibarretxe.