Según informó el Ministerio de Justicia, "el abogado del Estado se opone firmemente a que se levante esta suspensión y se ratifica en la conveniencia, si ello es posible, de que se resuelva el recurso de inconstitucionalidad antes del 15 de septiembre".

Asimismo, manifiesta que si no pudiera resolverse el recurso antes de dicha fecha, a la hora de decidir si procede o no levantar la suspensión de la ley vasca el TC debe considerar cuál de los intereses es más digno de protección jurídica: el interés del Gobierno y del Parlamento vasco "de dotarse de un instrumento de presión -aunque éste sea inconstitucional- frente al presidente y al Gobierno de la Nación", o el interés del Ejecutivo central de "impedir que se utilice a los electores de una comunidad autónoma instrumentándolos en decisiones y asuntos que afectan a todos los españoles".

A juicio de la Abogacía del Estado, "si se celebra la consulta se produciría un perjuicio irreversible para el interés general y una quiebra estructural de la seguridad jurídica".