Así lo anunció hoy en rueda de prensa el secretario general de Empleo, Marcos Peña, que afirmó que l fin de este privilegio es fomentar el denominado por los sindicatos `contrato basura' ya que el empresario "no pagará más de 3.500 pesetas a la Seguridad Social. Será una merma de ingresos para el Estado".

De esta manera el Gobierno pretende hacer más atractivo el contrato de aprendizaje por el que el empresario no sólo pagará toda la cuota a la Seguridad Social, sino que además podrá contratar a jóvenes sin titulación entre 16 y 25 años por sólo 39.000 pesetas con un mínimo de duración de 6 meses y3 años. El salario aumentará un diez por ciento cada año.

Peña explicó que "el contrato de aprendizaje va dirigido a aquel sector que no tiene ningun tipo de formación" y matizó que "intentamos reforzar (el contrato de aprendizaje) con todo tipo de ayudas para promover la ocupación de los sectores de los colectivos de más difícil ocupación", observó Peña.

Esta medida, que será incluida en el decreto-leyque aprobará mañana el Consejo de Ministros, pretende también que el empresario no realice cotratos de fomento del empleo que tenderán a extinguirse.

El contrato de formación pasará así a ampliarse a un año y medio a partir del 1 de enero, fecha en la que entrará en vigor el decreto-ley para aquellos que lleven ya tres años acogidos a este tipo de contrato, con la intención de que no se produzcan despidos masivos.

Como `sustituto'del contrato de fomento de empleo se ha creado este contrato de aprendiaje, para trabajadores no titulados, mientras contrato en prácticas, queda para aquellos on titulación universitaria, de formación profesional de grado medio o superior.

Otra de las novedades anunciadas hoy por Peña es la intención del Gobierno de aprobar un Proyecto de Ley que regulará las empresas de trabajo temporal.

Además, mañana el Consejo de ministros aprobará un decreto-ley de fomento de la ocupación en el que se regulan los nuevos tipos de contratos (en prácticas, aprendizaje, fomento del empleo, y a tiempo parcial) que entrará en vigor el 1 de enero y un Proyecto de Ley (co las nuevas regulaciones de movilidad funcional y geográfica, jornadas, salarios, negociaciones colectivas y salidas de los trabajadores) que el Gobierno prevé que podrá comenzará a aplicarse en junio de 1994.