De estas pensiones son beneficiarios actualmente los siguientes colectivos: los mutilados o incapacitados de la Guerra Civil y sus familiares, los militares que sirvieron en el Ejército de la República y que obtuvieron un empleo o grado de al menos suboficial, y las personas que sufriero durante el franquismo prisión de tres o más años por razones políticas.

El desembolso exigido para estas pensiones registra una tendencia descendente (en 1991 ascendió a 144.000 millones de pesetas) por razones biológicas, aunque hay crecimientos coyunturales como consecuencia de cambios normativos tendentes a mejorar el nivel de prestación.

Para el año que viene, el Gobierno ha presupuestado 22.566 millones de pesetas para los mutilados de guerra, 24.611 millones para sus familiares, 67.103 milones para los militares republicanos, 1.086 millones para los presos políticos del franquismo y 548 millones para otras prestaciones.

El gasto previsto incluye la evolución estimada del colectivo y la revalorización prevista para el ejercicio, así como la compensación por la desviación en el IPC de 1995 y una paga adicional.