Así lo anunció hoy la vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, quien explicó que va a ponerse en contacto con el presidente del PP, Mariano Rajoy, en los próximos días para fijar las reglas de la negociación.

Fuentes del Ejecutivo aseguran que, a diferencia de lo que ocurrió con la comisión bilateral PSOE-PP para negociar las reformas constitucionales, inédita desde enero hasta la fecha porque no se ponen de acuerdo en el nivel de interlocución, ahora De la Vega va a ofrecer a Rajoy que elija nivel.

En La Moncloa se cree que el tono duro adoptado por los populares, culminado ayer con reflexiones de Rajoy en el foro ABC tales como que Zapatero "se está ahorcando con su propia soga", es pura estrategia destinada a explotar electoralmente los días que restan hasta la admisión a trámite.

Pero después del 2 de noviembre quedarán muchos días y meses de un trámite parlamentario del que el PP no puede quedarse fuera, argumentan las mismas fuentes. Ese es el potencial campo de consenso que quiere trabajar el Gobierno, igual que ha ocurrido en el caso del Estatuto de la Comunidad Valenciana.

De entrada, María Teresa Fernández de la Vega no ha querido hoy arremeter contra Rajoy por revelar supuestos contactos PSOE-PP para que el Estatuto "embarranque".

NO A LOS "CHASCARRILLOS Y COTILLEOS"

"El Gobierno, que representa a todos los españoles, está por encima de los chascarrillos y de los cotilleos. Yo creo que hay que hacer un esfuerzo de respeto a la inteligencia de los ciudadanos españoles", es lo único que ha comentado De la Vega en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.

Ignorando los ataques de Rajoy, insistió en que, una vez sea apoyada la admisión a trámite del texto, aún con la actual oposición del PP, "se abrirá el período para pactar y llegar a acuerdos". "Yo siempre espero de los responsables políticos responsabilidad política", advirtió.

"Por nuestra parte no sólo no va a haber ningún problema, vamos a estar abiertos al diálogo", insistió la "número dos" del Gobierno. "Y les digo algo más", añadió a continuación: "habrá acuerdos pactados porque los Estatutos son normas pactadas".

Por el lado de los socios parlamentarios, Fernández de la Vega se ha felicitado por la "buena noticia" que supone que tanto el presidente de la Generalitat, Pasqual Maragall, como el del Parlamento autónomo, Ernest Benach y el propio presidente de ERC, Josep LLuis Carod-Rovira, hayan expresado voluntad de debatir, porque eso indica "predisposición al acuerdo".

Los estatutos, recordó, son normas paccionadas entre el parlamento autónomo y las Cortes Generales, que representan "intereses diferentes". El "lugar" para cambiar, advirtió la portavoz, son las Cortes una vez que ha llegado aquí la propuesta de reforma.

ENMIENDAS DEL PSC, LA CLAVE

Un total de 62 enmiendas del PSC no prosperaron en el Parlamento de Cataluña, por diferentes razones: 16 fueron retiradas antes de comenzar el pleno del viernes, 35 se debatieron sin llegar a votarse y otras 11 fueron debatidas y rechazadas.

Parte de ellas se oponían a cómo ha quedado en la proposición de ley las competencias de los ayuntamientos, la gestión de puertos y aeropuertos o la participación de la Generalitat en la UE.

Ahora, explicó este mediodía María Teresa Fernández de la Vega, pueden volver a ser presentadas y puede que "prosperen" porque cuentan con el apoyo, bien del Grupo Socialista en solitario u "otros apoyos".

Preguntada por eventuales cambios en el artículo uno del texto del Estatut, el que define a Cataluña como Nación, algo rechazado por el PP y por muchos sectores del PSOE, María Teresa Fernández de la Vega ha dicho que los cambios habrá que abordarlos "desde la compatibilidad entre lo que ha dicho el Parlamento Catalán y lo que ha dicho el Parlamento español".

"Es decir", insistió, "va a haber cambios. Tenemos que negociarlos, acordarlos, debatirlo y encontrar una expresión que conduzca al acuerdo, pero que va a haber cambios ya lo ha anunciado ayer el presidente del Gobierno".

Cambios que no sólo afectarán a ese artículo uno a los derivados de las 62 enmiendas del PSC que decayeron. El pasado lunes, el primer secretario de los socialistas catalnes y ministro de Industria, ya adelantó que quiere que las Cortes revisen el blindaje de competencias que trae el proyecto de Estatut.