El ministro de Economía, Carlos Solchaga, acusó al PP de hacer "electoralismo" al querer contentar al mismo tiempo a los empresarios y proesionales sujetos al impuesto y a los ayuntamientos que obtienen de él un 20 por ciento de sus ingresos propios.

Solchaga aseguró que el impuesto está calculado para garantizar el mantenimiento de unos ingresos de 200.000 millones de pesetas, que es lo que recaudan los ayuntamientos por los tributos que sustituye el IAE, principalmente la licencia fiscal de actividades industriales y el impuesto de radicación.

A partir de ese nivel, añadió, los ayuntamientos que quieran tener "mejores calles o sevicios" deberán financiarlos elevando el tipo de este impuesto, y afrontando las consecuencias electorales favorables o contrarias que se puedan derivar.

El ministro advirtió que el Gobierno no cambiará de actitud ni por lo que calificó de "filibusterismo" fiscal del PP ni por las "campañas" organizadas contra el nuevo impuesto por "algunos grupos políticos y económicos".

Admitió que los contribuyentes del IAE no pagarán en función de su capacidad económica, pero explicó que lo mismo sucede con ls actuales impuestos locales, porque no están concebidos para gravar en función del nivel de actividad.

APLAZAMIENTO

Por su parte, el vicepresidente del PP, Mariano Rajoy, pidió al Gobierno que atienda la "protesta generalizada" suscitada contra el IAE y anunció que presentarán una moción parlamentaria para pedir un aplazamiento.

Aseguró que el impuesto perjudica sobre todo a las pequeñas y medianas empresas, provocando aumentos de más del cien por cien, en algunos casos, en el importe de la cotribución.

Puso como ejemplo que, según las previsiones de un ayuntamiento al que no quiso identificar, un taller de reparación de vehículos que en 1991 paga 200.000 pesetas por los impuestos municipales en 1992 abonará 402.000 por el IAE.

El aplazamiento del impuesto también fue solicitado, con argumentos similares, por el representante de Minoría Catalana, Salvador Carrera.

A su juicio, el tributo perjudicará también a los ayuntamientos, que no podrán saber cuáles serán sus ingresos antes el último trimestre de 1992, cuando estarán ultimados los censos y resueltas las reclamaciones.

A favor de la aplicación del impuesto en la fecha prevista se pronunciaron Francesc Baltasar, de Izquierda Unida, y Alejandro Rebollo, del CDS, si bien éste último pidió su corrección para tener en cuenta la capacidad económica de los contribuyentes.

El portavoz de Izquierda Unida afirmó que las haciendas locales están "tocadas" por la paralización de la revisión catastral y por la negativa de la Adminstración Central a entregarles los más de 100.000 millones que reclaman en concepto de participación en los ingresos del Estado.

Añadió que el IAE es necesario para poner orden en la fiscalidad de los ayuntamientos, si bien acusó al Gobierno de haber diseñado un impuesto "opaco" que ha estimulado lo que describió como "el tronar de cacerolas" de algunos sujetos pasivos.