En la rueda de prensa posterior a la reunión del Ejecutivo, la vicepresidenta primera y ministra portavoz, María Teresa Fernández de la Vega, informó de que, como novedad, se establece en la ley que los nuevos desarrollos residenciales deberán reservar un mínimo del 25% de las viviendas a pisos de carácter protegido.

En la ley se establecerán criterios "realistas" en la valoración del suelo que eviten las "plusvalías especulativas", según añadió la vicepresidenta, que explicó que se quiere "racionalizar" el sector para que colabore en la "solución de un problema" que afecta a "millones de ciudadanos", principalmente jóvenes, como es el acceso a la vivienda, al tiempo que se garantice su rentabilidad y sostenibilidad.

El informe presentado desarrolla los criterios generales que inspirarán dicho proyecto legislativo y que se concretan, según el Gobierno, en "más transparencia para conseguir una mayor participación ciudadana, propugnar un desarrollo urbano y rural sostenible, garantizar la oferta suficiente de suelo para construir viviendas protegidas y nuevos criterios legales de valoración para excluir factores especulativos".

El borrador de anteproyecto establece que todos los procesos de ordenación y gestión urbanística, incluso los convenios, estarán sujetos a unos plazos mínimos de información pública durante los cuales los ciudadanos podrán conocer y opinar sobre los mismos.

Para garantizar esta mayor participación ciudadana se exigirá un resumen ejecutivo de los planes y sus modificaciones que explique de forma resumida en qué cambian y en que ámbitos.

COSTE PARA LA ADMINISTRACIÓN

La necesidad de lograr un desarrollo sostenible como forma de garantizar el futuro crecimiento económico y social también se ve reflejado en esta norma, que ordena que todo proyecto de desarrollo urbanístico lleve incorporada una declaración de sostenibilidad económica en la que se expliquen los costes que dicho desarrollo generarán a las administraciones públicas a medio y largo plazo.

Con ello, se trata de determinar cuáles serán las necesidades de infraestructuras y servicios que generarán los proyectos y cuáles serán los costes de mantenimiento de los mismos.

El informe presentado al Consejo de Ministros establece que debe haber todo el suelo urbanizable que se necesite para atender las necesidades de los ciudadanos, pero dejando claro que "no se puede mantener la actual situación que ha llevado a que haya más suelo urbanizado que nunca y que al tiempo el precio del suelo haya crecido más que nunca", destaca Vivienda.

Este encarecimiento ha provocado que en los últimos años no haya habido suelo en condiciones suficientes para la construcción de viviendas protegidas que satisfagan las necesidades de los ciudadanos con menores ingresos, sostiene el Gobierno.

25% SUELO

Por eso, el borrador del anteproyecto de ley establece la obligatoriedad de que, con carácter general, todos los desarrollos urbanos tengan que destinar un 25% del suelo residencial para viviendas protegidas, de forma que haya una oferta suficiente que, además, favorezca la cohesión social en las ciudades y pueblos.

Por otra parte, el borrador de anteproyecto de Ley del Suelo recoge que las cesiones obligatorias de suelo a la Administración se destinen prioritariamente a la construcción de vivienda protegida, impidiendo que dichos suelos puedan ser subastados.

Por último, en el informe se explican los mecanismos para que las plusvalías que se generan en los procesos de urbanización y edificación se valoren según se vayan realizando y no por meras expectativas de una posible transformación del suelo.

El objetivo es conseguir una mayor eficiencia del mercado del suelo a medio y largo plazo. Se establece un régimen transitorio que cuidará los intereses de quienes ya han tomado posiciones en el mercado de forma que puedan adaptarse a la nueva situación de forma no traumática.

El informe presentado hoy al Consejo de Ministros tendrá continuación con el desarrollo de contactos con el sector, las comunidades autónomas y los ayuntamientos, con el objetivo de cerrar el anteproyecto de Ley del Suelo con el mayor consenso posible.