El impulso a la vivienda protegida es la columna vertebral del nuevo Plan de Vivienda, tanto para la venta como para el alquiler, a lo que se acompañan medidas rígidas para extremar los controles y evitar la especulación con estos inmuebles.

Así, las comunidades autónomas que quieran acceder a las aportaciones económicas del plan tendrán obligatoriamente que cumplir requisitos como crear ese registro, en el que constarán las viviendas públicas construidas (la medida no tendrá efecto retroactivo) y los demandantes que cumplan las condiciones para acceder a ellas.

De esta forma, cuando alguien quiera vender su VPO tendrá que acudir a una bolsa de compradores y, en ningún caso, podrá vender por encima del precio de vivienda pública fijado, evitando así el gran paquete de fraude que existe actualmente en estas transacciones con dinero negro entre compradores y vendedores.

Además, el borrador incluye la cofinanciación con las comunidades autónomas que desarrollen programas de lucha contra el fraude tanto por parte de los propietarios como de los promotores.

Por otra parte, el nuevo plan incorpora la imposibilidad de recalificar en libres las viviendas públicas y prohibe su venta en los 10 primeros años, salvo en casos excepcionales como problemas de movilidad física (discapacidad) o geográfica, por cambio de destino laboral.

PRECIO TASADO

Vivienda considera que gran parte de los españoles con ingresos "medios" no puede acceder ni a una vivienda libre ni a una protegida, por lo que ha puesto en marcha un nuevo modelo denominado como vivienda de precio concertado.

En este sentido, el nuevo plan eleva los ingresos de quienes pueden acceder a un vivienda de este tipo, que pasará de un tope de 5,5 veces el Salario Mínimo Interprofesional (SMI) a 6,5 veces el IPREM (Indicador Público de Rentas de Efectos Múltiples), con lo que podrían acceder a esta nueva tipología familias con ingresos de hasta 60.000 euros anuales.

La intención del Ejecutivo es destinar un 30% del esfuerzo inversor y de las actuaciones en construcción de vivienda pública a este nuevo tipo.

Por otra parte, el nuevo plan incluye también ayudas a la adquisición de suelo para vivienda protegida, de manera que se apoyará a las sociedades públicas de promoción de suelo. Por contra, se limitará el apoyo a la urbanización de vivienda libre.

Por último, el Plan de Vivienda incluirá la puesta en marcha de una Mesa Nacional de Seguimiento en la que, como novedad, estarán representadas todas las comunidades autónomas, además de los agentes sociales.

Se trata de hacer un control exhaustivo sobre el cumplimiento de los planes, en el que, por primera vez, participarán los gobiernos regionales.