Eguiagaray hizo estas declaraciones tras la firma del acuerdo ntre la Administración y los sindicatos CSI-CSIF, UGT, CCOO y ELA-STV para modernizar la Administración y mejorar las condiciones de trabajo, que tiene una vigencia de tres años.

En cuanto a la autorregulación de la huelga en los servicios públicos, petición que había sido realizada por los sindicatos y en la que no hubo acuerdo con el ministerio, Eguiagaray manifestó que "no es un problema específico de las administraciones públicas".

A su juicio, el derecho de huelga debe negociarse entre el Goierno y los sindicatos a nivel de todo el Estado, "y todavía no hay posiciones definitivas ni en los sindicatos ni en el Ejecutivo". Sin embargo, agregó que si en el futuro las hay y es posible llegar a acuerdos, "lo haremos".

El ministro valoró positivamente el acuerdo alcanzado con los sindicatos para modernizar la Administración, al tiempo que reconoció que "hay muchas cosas que mejorar (...) Hay que hacer un esfuerzo muy grande para mejorar cada uno de los servicios públicos específicos, evitando as molestias a los ciudadanos y las esperas en largas colas".

Destacó la importancia de la colaboración de los agentes sociales y de los propios trabajadores de la Administración para recuperar el prestigio del sector público y del trabajo que desarrollan los funcionarios y empleados públicos.

"Espero que este acuerdo augure una época para los ciudadanos en la que tengan unos servicios públicos mejores que los actuales", dijo Eguiagaray.

LAGUNAS EN EL ACUERDO

Por su parte, los responsablesde los sindicatos firmantes del convenio valoraron también positivamente el acuerdo, aunque resaltaron que existen algunas lagunas, como la autorregulación de la huelga. Explicaron que a última hora de ayer presentaron al ministro un texto para que se comprometiera a derogar los actuales decretos sobre servicios mínimos y negociar un código de autorregulación, pero no fue aceptado.

"La Administración no ha accedido nunca a derogar estos decretos preconstitucionales. Seguiremos intentándolo en este ámbto y en el institucional", afirmó Salvador Bangueses, de la secretaría de Organización de CCOO, al tiempo que manifestó que la máxima responsabilidad en la modernización de las administraciones públicas corresponde al Gobierno.

Para Santiago Nieves, secretario general de la Federación de Servicios Públicos de UGT, el acuerdo firmado hoy "contiene todos los componentes de un convenio colectivo. Sería el primer convenio colectivo que afecta a los empleados públicos".

José Luis Manzanares, secretari de Acción Sindical de CSIF, advirtió al ministro que el acuerdo no da carta blanca a la Administración para tomar decisiones unilaterales y aseguró que "haremos un seguimiento muy especial en todos los departamentos para que los gestores cumplan a rajatabla el acuerdo".

SUBIDA SALARIAL

Según el acuerdo, la subida salarial para los empleados públicos en 1992 será del 5 por ciento, más unos fondos adicionales de 23.205 millones de pesetas, de los que 7.667 corresponderán al personal sanitario, 744 aluniversitario (exceptuando a los funcionarios docentes) y 14.794 millones al resto.

De acuerdo con las estimaciones de los sindicatos, el incremento del 5 por ciento más los fondos adicionales suponen una subida media de los salarios para 1992 del 7,8 por ciento.

El acuerdo para la reforma de la Administración, que tiene como ámbito de aplicación la Administración Civil del Estado y la Seguridad Social, el personal sanitario y el de las universidades, establece que los funcionarios tendrán un horrio fijo diario de 5,5 horas, pudiendo trabajar el resto de su jornada entre las 7,30 de la mañana y las 6 de la tarde.

La jornada semanal se mantiene en las 37,5 horas semanales y se mejoran las facilidades de los funcionarios para progresar en su carrera profesional, al suprimirse el límite actual de que la promoción interna sólo represente el 50 por ciento de las plazas convocadas.

Otro punto del acuerdo es el derecho a la negociación colectiva de los funcionarios. Las condiciones laborales sefijarán de manera descentralizada en los diferentes organismos administrativos, aunque antes de la firma de un pacto se precisará el informe favorable de los ministerios de Administraciones Públicas y de Economía y Hacienda.