Las centrales piden, además, cláusulas de revisión salarial que garanticen que no habrá nuevas pérdidas de poder adquisitivo por la desviación del IPC respecto a lo previsto por el Gobierno, y la supresión del tope del 25% a la reposición de las plazas administrativas que van quedando vacantes.

Al término de la reunión, el secretario de Estado de Administraciones Públicas, Ignacio González, indicó que la posición sindical "no es razonable, teniendo en cuenta la necesidad de mderación salarial para el año próximo, precisamente para conseguir volver a sendas de inflación que nos permitan seguir creciendo como lo hemos estado haciendo estos años y como tenemos previsto para el año próximo".

González explicó que el Gobierno ha ofrecido a los representantes de los trabajadores abrir tres mesas de negociación. Una, relativa a la temporalidad en el sector público; otra, relativa a la movilidad de los trabajadores, y una tercera para que, durante el próximo año, los funcionarios articipen, a efectos retributivos, en la consecución de los objetivos que se ha marcado del Gobierno, como el déficit cero.

En este sentido, el secretario de Estado de Administraciones Públicas aseguró que "hemos ofrecido la apertura de una mesa para ir viendo qué posibilidades hay de establecer mejoras retributivas según se vayan consiguiendo los objetivos económicos".

Tras la reunión, los sindicatos mostraron su decepción por la posición del Gobierno y consideraron que será "inevitable" la realzación de la huelga general que han convocado para el 14 y 15 de diciembre.

En este sentido, el representante de CSI-CSIF, José Jiménez Blázquez, mostró su frustación por la "cerrazón del Gobierno a cualquier negociación". Añadió que "seguiremos con las movilizaciones, en unidad con los demás sindicatos y hoy tomaremos la decisión de ir o no a la huelga general".

Por su parte, el secretario general del sindicato de funcionarios de Comisiones Obreras (CCOO), Carlos Sánchez, dijo que, "después de tnto tiempo, el conflicto, lejos de evitarse, se hace inevitable", ya que la actitud del Ejecutivo se basa en "no atender ni una sola de las reivindicaciones sindicales".

Asimismo, Sánchez explicó que los Presupuestos Generales de 2001 prevén un superávit de 150.000 millones de pesetas, más que suficiente para atender a las reclamaciones sindicales.

Por UGT, Julio Lacuerda señaló que "la reunión de hoy va a expolear aún más el conflicto y va a llevarlos a términos de extrema gravedad".

"Nos etamos enfrentando a un problema político. El Gobierno desprecia a los funcionarios de este país, que van a decir al Ejecutivo que no está dispuesto a pasar por ahí. La huelga está servida, pero el conflicto va a continuar en términos de mucha gravedad", agregó.