El pasado mes de marzo, el Ejecutivo solicitó al TC un dictamen sobre los artículos del tratado de Unión Política que recogen el derecho de un ciudadano de la Comunidad Europea a ser elegido concejal en las elecciones locales del país donde resida (por ejemplo, ciudadanos nórdicos en la osta Mediterránea o españoles en Europa).

Esta solicitud se produjo después de que la opinión pública estuviera debatiendo durante dos meses (la "cumbre" de Maastricht se celebró en enero) si ese derecho suscrito por los Doce es constitucional en España.

En la Carta Magna aprobada por los españoles en 1978 se especifica claramente (artículo 13.2) el derecho de los extranjeros a votar en las elecciones municipales, pero en ninguna otra parte del texto se menciona el derecho de los extranjeros a se elegidos.

Desde el inicio del debate, destacados constitucionalistas, entre ellos Gregorio Peces-Barba o José Pedro Pérez-LLorca, consideraron "ineludible" una reforma constitucional, nunca descartada por el Ejecutivo.

Rosa Conde se refirió hoy a esta posibilidad, reiterando que el Gobierno no cree necesario someter a consulta el tratado de Maastricht, como ya adelantara el pasado miércoles el presidente del Gobierno, Felipe González, pero además añadió que no lo cree necesario incluso si es preisa esa "pequeña" modificación.