Ésa es la tesis expuesta por la vicepresidenta primera y portavoz del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, al ser preguntada en la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Ministros por las medidas propuestas por Sarkozy.

Una de ellas es la suscripción de un contrato de integración por los inmigrantes que residan de forma regular en territorio de la Unión Europa.

En ese punto, la vicepresidenta insiste en la tesis de que la integración de los inmigrantes está regulada en la Constitución y en las leyes, también en las comunitarias, que se incorporan al ordenamiento jurídico interno de los estados miembros.

Por ello, el Gobierno cree que "no es necesario" añadir otros elementos, como un contrato "que no sabemos muy bien qué aporta" a los derechos y deberes de los inmigrantes.

Sin embargo, no lo rechazó de plano y expresó su convicción de que "podremos aproximar posiciones" en el seno de la Unión Europea, donde, según insiste el Gobierno, debe debatirse esta cuestión.

Fernández de la Vega insistió en que el Gobierno trabaja desde hace tiempo por una política común europea, basada en el control de fronteras exteriores pero también en la cooperación con los países de origen y tránsito de la inmigración.

El debate sobre las propuestas de Francia y las medidas impulsadas por Italia ha llegado a España, y la vicepresidenta quiso enviar un mensaje "de tranquilidad" a los ciudadanos, en el sentido de que el Gobierno tiene "un rumbo claro" en este asunto, en el que trabaja con la Unión Europea.