Esta negativa fue anunciada hoy en el Congreso por la directora general de Instituciones Penitenciarias, Mercedes Gallizo, quien, durante su comparecencia ante la Comisión de Interior y en respuesta al PNV, señaló que el Ejecutivo "no tiene previsión" de transferir el control de las prisiones "a ninguna comunidad autónoma".

Gallizo dijo que "la política penitenciaria está directamente relacionada con otro tipo de políticas de Estado, como la política antiterrorista o la política contra otro tipo de delincuencia organizada: terrorismo internacional, narcotraficantes, etc.".

Destacó, asimismo, que con estos delitos se da la particularidad de que la Audiencia Nacional tiene una "jurisdicción específica" y de carácter nacional para abordar la investigación y enjuiciamiento de estas conductas criminales.

Por este motivo, concluyó que "el Gobierno entiende que la manera más eficaz y más razonable de ejercer la responsabilidad que la legislación confiere al sistema penitenciario es ejercer esta competencia como se viene haciendo y, por lo tanto, no tiene previsión de iniciar una negociación de transferencia de esta competencia a ninguna comunidad autónoma".

Manifestó, a este respecto, que la legislación penitenciaria, según el artículo 149 de la Constitución, es una competencia exclusiva del Estado, con independencia de que la ejecución de la misma pueda transferirse, algo que en la actualidad sólo sucede con Cataluña.