Olabarría preguntaba al Ejecutivo por unas declaracioens realizadas por el ministro de Justicia, Juan Fernando López Aguilar, en las que afirmaba que "el Ministerio Fiscal decidirá en qué casos existe base para impugnar el cómputo de beneficios penitenciarios que condiciona una excarcelación una vez cumplida su condena de acuerdo con el Código Penal por el que fue condenado".

El ministro explicó que en esos casos se estudiaría "la posiblidad de construir alguna nueva imputación por pertenencia continuada a ETA o por coacciones o amenazas proferidas desde la cárcel o por signos de incursión en algún nuevo tipo penal".

El Gobierno indica en la respuesta, a la que tuvo acceso Servimedia, que la referencia a la "construcción" de nuevas imputaciones hecha por López Aguilar se ajusta al "argot jurídico-forense" y significa que el fiscal pueda realizar nuevas imputaciones formales por comisiónde nuevos hechos delictivos, que si se llegaran a condenar, prolongarían la prisión de los internos.

"Evidentemente", dice el Ejecutivo, "no cabe pensar que haya intención alguna de 'inventar' nuevas imputaciones para condenar, sin fundamento, a alguien, lo que sería no sólo manifiestamente ilegal, sino delictivo".

Según la respuesta, el Estado de Derecho "rige para todos los ciudadanos por igual y, ello, significa que las condenas sólo pueden producirse bajo el imperio de la ley, con todas las gatantías y con pleno respeto del pincipio de legalidad penal, en su vertiente penal, jurisdiccional y de ejecución".