En la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Ministros, la vicepresidenta primera, María Teresa Fernández de la Vega, aseguró que el Gobierno acata y respeta la decisión del Tribunal Constitucional.

La Abogacía del Estado y la Fiscalía "iniciaron actuaciones", recordó, porque su obligación es garantizar siempre y en todo caso el cumplimiento "escrupuloso" de la Ley de Partidos.

Por ello, anunció que el Gobierno permanecerá "vigilante" con el objetivo de evitar que nadie burle esa legislación aprovechando cualquier tipo de "vericuetos".

Fernández de la Vega entiende que no corresponde al Gobierno pedir a los electores que no voten a una determinada formación política, porque eso es, en todo caso, decisión de los demás partidos que concurren.

Si se produce "alguna actuación" en el sentido de que formaciones ya ilegalizadas pidieran el voto para esta candidatura y hubiera indicios de "fraude" o vulneración de la ley, el Gobierno actuará "con todos los mecanismos y resortes" a su disposición.

Al margen de esta decisión del Tribunal Constitucional, Fernández de la Vega aseguró que el Gobierno mantiene "firme" su lucha contra el terrorismo de ETA y no cree que esta resolución suponga un retroceso en ese objetivo de acabar con la violencia.