Igualmente, el acuerdo del Gobierno de Navarra incluye plantear ante el Tribunal Constitucional conflicto positivo de competencia en el caso de que no se atienda el requerimiento mencionado.

El Ejecutivo navarro considera que la citada propuesta es inconstitucional y no se adecua al orden de delimitación de competencias que establecen la Constitución y la Ley Orgánica de Reintegración y Amejoramiento del Régimen Foral de Navarra (LORAFNA).

El Gobierno que preside Miguel Sanz entiende que el "plan Ibarretxe" contradice gravemente determinaciones esenciales de la Constitución, como la soberanía nacional del pueblo español y el principio de unidad, ya que se sustenta en el supuesto derecho de autodeterminación del pueblo vasco.

En definitiva, argumenta el Ejecutivo foral, "la citada propuesta no entraña una reforma del Estatuto de Autonomía del País Vasco, sino que por su estructura, fundamento y contenido constituye una reforma de la Constitución Española, por lo que incurre en nulidad absoluta e inconstitucionalidad, por utilizar una vía procedimental inadecuada y contradecir directa y gravemente la Constitución Española".

Además, opina que la propuesta afecta directamente al ámbito de competencia de Navarra al margen de cualquier decisión o manifestación de voluntad del pueblo navarro y sus instituciones.

El Gobierno de Navarra hará llegar su acuerdo de requerimiento de incompetencia al Gobierno vasco, al Parlamento vasco y a la Delegación del Gobierno en Navarra. El Ejecutivo y el Parlamento vascos tienen el plazo máximo de un mes para contestar al Gobierno navarro.

En caso de que no se acepte el requerimiento, el Ejecutivo de la comunidad foral podrá plantear el conflicto positivo de competencia ante el Tribunal Constitucional.