El Ejecutivo ha considerado que los colectores municipales carecían de la correspondiente autorización para vertidos urbanos, por lo que el Ayuntamiento no pagaba el canon de vertido creado en la Ley de Aguas de 1985.

La Comisaría de Aguas del Ministerio de Obras Públicas y Transportes inició el expediente contra la corporación gallega en noviembre de 1990.

Durante los meses de julio y agosto de ese año, la citada comisaría había detectado que el Ayuntaminto multado realizaba vertidos ilegales.

El Consejo de Ministros calificó hoy de muy grave la infracción, por lo que ha decidido imponer una sanción de 19 millones.