La nueva concepción le otorga una estructura interna suficiente para permitirle un funcionamiento ágil, a la vez que le reconoce el importante papel que le corresponde en el contexto actual del consumo y del resto de políticas públicas.

Como novedad, se permite que realice propuestas normativas o de actuación que considere de interés para la defensa de los consumidores y usuarios.

Finalmente, destaca la pretensión de que el Consejo mantenga contactos con los agentes sociales, potenciando especialmente la colaboración con las organizaciones empresariales y sindicales.

El Consejo tendrá un mandato de cuatro año y estará integrado por un Presidente y hasta un máximo de doce vocales en representación de las organizaciones de consumidores y usuarios de ámbito estatal. Los vocales serán nombrados a propuesta del Instituto Nacional del Consumo.

Las asociaciones con representación deben tener una antigüedad mínima de cinco años y acreditar haber realizado durante ese período actividades informativas y formativas en relación con los fines establecidos en la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios. Además, no pueden realizar publicidad o promoción comercial en sus páginas web, publicaciones u otras actividades, y no haber sido objeto de pronunciamiento judicial firme alguno en el que se establezca la no adecuación de sus actuaciones a la naturaleza y fines con que estas organizaciones han de contar.

También deberán tener más de diez mil y estar radicadas al menos en nueva comunidades y contar con un mínimo de 20.000 euros de recursos propios.