El Estatuto, que el ministro de Administraciones Públicas, Mariano Rajoy, se ha comprometido a consultar con las comunidades autónomas y los sindicatos de funcionarios, tendrá que pasar también por el dictamen del Consejo de Estado, antes del debate parlamentario.

Las fuentes consultadas señalaron que la nueva nora no será continuista, aunque el Gobierno ya ha adelantado una de las reformas más novedosas que quería introducir en la función pública, al retrasar la jubilación obligatoria de los 65 a 70 años.

La importancia de esta ley estriba en que será la norma básica de los dos millones de empleados públicos que hay en España, para los que será algo similar a lo que el Estatuto de los Trabajadores es para los asalariados.

El Estatuto regulará, entre otras cosas, el sistema retributivo, el sistema de provsión de plazas, el régimen disciplinario, la elaboración de las relaciones de puestos de trabajo, la clarificación de las situaciones de excedencias voluntarias y forzosas, así como los servicios especiales.

No obstante, el nivel de seguridad en el empleo de los funcionarios no se verá alterado, ya que el Partido Popular considera que eso podría "desnaturalizar la función pública, en el sentido que le da la propia Constitución, para que sirva con la misma eficacia a los distintos gobiernos, con indepedencia del signo político".