Así lo anunció este martes en rueda de prensa la portavoz del ejecutivo y ministra de Política Territorial, Isabel Rodríguez, tras el Consejo de Ministros donde se aprobó el acuerdo para solicitar la interposición del citado recurso de inconstitucionalidad contra la disposición adicional segunda de la Ley de la Comunidad de Madrid 1/2023.

Esta norma exige el aval de un juez para que las personas con discapacidad tuteladas por la comunidad autónoma puedan acceder “a la ayuda a morir”, requisito que no está previsto en la ley estatal.

Según fuentes del Gobierno, una comunidad autónoma no puede imponer obligaciones que “aumenten” las exigencias de la ley estatal, pues introducen “una doble discriminación para las personas con discapacidad tuteladas” en la región, respecto a los demás ciudadanos madrileños y frente a las personas con discapacidad en su misma situación en el resto del Estado.

“PP y Vox intentan imponerse por la puerta de atrás al Estado y al Tribunal Constitucional para limitar el derecho a la eutanasia”, y destacaron que “el Gobierno actúa con contundencia y urgencia, a fin de proteger a los más vulnerables”.

En su intervención, Rodríguez detalló que este acuerdo de interposición de recurso de inconstitucionalidad tiene “efectos suspensivos en aquellos preceptos que estamos impugnando, conforme al artículo 161.2 de la Constitución”.

Según explicó, “desde el Ministerio de Política Territorial se solicitó informe al Consejo de Estado” en este terreno, el cual se recibió el pasado 27 de abril, “concluyendo que existen fundamentos jurídicos suficientes para proceder a dicha impugnación. “La norma de la Comunidad de Madrid viene a añadir un nuevo procedimiento de jurisdicción voluntaria para la solicitud de autorización judicial para realizar cualquier actuación que afecte al derecho a la vida de una persona con discapacidad sobre la cual la comunidad autónoma ostenta las medidas de apoyo y de representatividad”, y esto supone varias “vulneraciones a la Constitución”.

"En primer lugar observamos vulneraciones de carácter procesal en la competencia de regulación procesal, conforme al artículo 141.1 de la Constitución Española y al 117”, indicó.

“Hay también un segundo argumento que tiene que ver con el menoscabo y la invasión en el ámbito regulatorio del Estado en lo que se refiere a materias de regulación y bases y coordinación general de la sanidad”, añadió.

Subrayó que la norma autonómica “realiza una injerencia en materia reservada a ley orgánica”, lo que “supone “una quiebra al principio de seguridad jurídica”.

Por último, “entendemos que no solo está afectando a una ley en vigor como es la de eutanasia, sino que, en ese concepto amplio de 'cualquier actuación que afecte a los derechos de la vida', cabe una interpretación extensiva que podría incidir en otros derechos, como intervenciones quirúrgicas o transfusión de sangre", concluyó.