La impugnación está referida a dos aspectos concretos de la citada ley, relacionados ambos con las competencias del Estado para definir y gestionar las denominadas Carreteras de Interés General.

De una parte, se recurre la inclusión de dos autopistas de competencia estatal, que figuran en el Catálogo de Carreteras de la Red de Interés General del Estado, en la Red de Carretras del País Vasco, y, de otra, la previsión de la ley autonómica en donde se señala que, "a efectos única y exclusivamente funcionales", determinados ejes viarios de la red objeto del Plan General de Carreteras del País Vasco "pueden ser incluidos en la Red de Interés General del Estado".

El Gobierno entiende, en primer lugar, que la normativa autonómica extiende sus efectos a carreteras de titularidad estatal y conculca las competencias que corresponden a la Administración General del Estado y, en sgundo lugar, que vulnera las atribuciones del Estado, único competente para decidir qué carreteras o tramos han de incluirse en la Red de Carreteras del Estado.