Ahora bien, para disponer de estos derechos (de los que en la actualidad sólo disfrutan Renfe y Feve) deben participar empresas españolas en dichas agrupaciones empresariales. Si no se cumple este requisito, estas entidades sólo podrán transitar por la red española.

Además, las empresas ferroviarias establecidas en la UE podrán acceder a las infraestructuras españolas para la explotación de servicios combinados internacionales de mercancías. El proyecto de ley especifica que estos beneficios no serán aplicables a empresas cuya actividad se limite a la explotación del transporte urbano, suburbano o regional.

Asimismo, la normativa adelanta que las empresas usuarias deberán pagar un canon de utilización, que dependerá de la naturaleza del servicio, su duración, el deterioro de la infraestructura y las necesidades de "una comercialización eficaz" de la red. Las cuantías concretas serán fijadas en un futuro por el Ministerio de Fomento. De esta forma, España incorpora a su normativa la directiva comunitaria CEE 91/440 del 29 de julio de 1990, por la que se obliga a los estados miembros a que permitan el uso de su red ferroviaria por parte de agrupaciones empresariales internacionales.

Dicha directiva establecía como fecha límite para la trasposición de esta normativa el 1 de enero de 1993. Como resultado del incumplimiento, España ha recibido diversos requerimientos por parte de la Comisión Europea e incluso se le ha remitido un ictamen en el que se le obliga a la liberalización de la red ferroviaria.