Según resaltó el departamento ministerial en un comunicado, con esta convocatoria se completa el presupuesto de 1.500 millones de euros previstos para esta línea del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR), cuyo objetivo es contribuir a mejorar la calidad del aire y mitigar el ruido mediante el impulso de zonas de bajas emisiones (ZBE) y la transformación sostenible y digital del transporte urbano.

Esta segunda convocatoria del programa de ayudas se dirige también a municipios con más de 50.000 habitantes, a capitales de provincia y a municipios de entre 20.000 y 50.000 habitantes que cumplan determinadas condiciones, como disponer de un servicio de transporte público colectivo urbano interior.

Las solicitudes de la ayuda se podrán presentar a través de la sede electrónica del Ministerio hasta el 29 de septiembre de 2022, momento en el que se cerrará la convocatoria en concurrencia competitiva.

OBJETIVOS

Transportes apuntó que los proyectos seleccionados, que tendrán que estar finalizados antes del 30 de junio de 2025, deberán cumplir los objetivos establecidos en el Plan de Recuperación, que abarcan “desde rigurosos compromisos de plazos de ejecución, a objetivos relacionados con el impulso de la movilidad activa (a pie, en bicicleta…) y sostenible”.

De este modo, deberán contribuir a fomentar la movilidad activa; a articular un sistema de transporte público urbano fiable, atractivo, accesible y asequible con flotas más modernas, eficientes y sostenibles; con la introducción de un concepto de movilidad inteligente adaptada a los nuevos hábitos y con el impulso de la digitalización para planificación, gestión y evaluación.

Así, para la selección de los proyectos se valorará “la madurez, la calidad y el impacto de los proyectos presentados por los municipios, exigiéndose en todo caso la disposición de un Plan de Movilidad Urbana Sostenible (PMUS) en el momento de presentar la solicitud”.

Las actuaciones podrán ser financiadas con cargo a los fondos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia en hasta un máximo del 90% de los costes subvencionables, excepto la adquisición de autobuses urbanos y vehículos de limpieza cero emisiones, en los que se financia un precio unitario según categoría del vehículo, siempre que no se supere la ayuda máxima por solicitante, que se fija en función de la población del municipio.

LÍNEAS DE ACTUACIÓN

Las actuaciones previstas para alcanzar estos objetivos se estructuran en cuatro líneas como son la implementación de zonas de bajas emisiones (ZBE) (línea A); la transformación digital y sostenible del transporte público colectivo e impulso a la movilidad activa (línea B); fomentar la transformación del transporte público de viajeros y mercancías hacia una actividad de cero emisiones (línea C); y la digitalización de los servicios públicos de transporte (línea D).

Los municipios de más de 50.000 habitantes y las capitales de provincia podrán solicitar ayudas para actuaciones incluidas en las cuatro líneas, mientras que las actuaciones incluidas en las líneas B, C y D se extenderán a los municipios con más de 20.000 habitantes que cumplan determinados criterios, como disponer de un servicio de transporte público colectivo urbano interior. Por su parte, los municipios de entre 20.000 y 50.000 habitantes también podrán pedir ayudas a la línea A cuando se superen los valores límite de los contaminantes regulados y estén obligados a la implantación de una zona de bajas emisiones.

La inversión completa en este componente del Plan de Recuperación está dotada con más de 2.900 millones de euros por lo que, además de los 1.500 millones de las ayudas a municipios, el Gobierno ha transferido a las comunidades y ciudades autónomas 900 millones de euros para financiar iniciativas que contribuyan a la puesta en funcionamiento de zonas de bajas emisiones y al impulso de la movilidad activa y la eficiencia del transporte colectivo. Asimismo, ha habilitado 400 millones de euros para transformación de flotas de transporte de viajeros y mercancías de empresas a través de las comunidades y ciudades autónomas; y ha puesto en marcha una estrategia para humanizar travesías de la Red Carreteras del Estado, dotada con 105 millones de euros de los fondos europeos.