Estas medidas se articularán mediante un real decreto ley y varios acuerdos de Consejo de Ministros que, según el Gobierno, se centran en la protección de los trabajadores y las familias y en la reactivación de la economía.

La medida estrella será la deducción de 400 euros en el IRPF que se aplicará a asalariados, pensionistas y trabajadores autónomos. Asimismo, se elimina el Impuesto de Patrimonio desde el 1 de enero de 2008 y se aprueban ayudas a las familias con hipotecas.

Además, con la intención de paliar el efecto de la ralentización económica, se aprueba un plan de recolocación de trabajadores, principalmente de la construcción, y se mejorará la liquidez de las empresas con el adelanto de las devoluciones del IVA por valor de otros 6.000 millones de euros, que no contabilizan en estos 10.201 millones.

Respecto a la primera medida, el Gobierno estima que los contribuyentes se ahorrarán cerca de 6.000 millones de euros, el 0,9% de la renta de las familias.

Los ciudadanos comenzarán a notar en el bolsillo el impacto de esta medida en el mes de junio. En ese mes, las retenciones se verán reducidas en 200 euros como máximo y el resto del importe, hasta los 400 euros, se repartirá entre el resto de meses.

Así, un contribuyente sin hijos y con un salario de 20.000 euros anuales en 12 pagas, pasará a cobrar en la nómina de junio 1.544,17 euros, frente a los 1.344 euros que cobraba hasta ahora. A partir de ahí, la nómina mensual se quedará en 1.377,50 euros.

REHABILITACIÓN

Otras de las medidas que prevé el Ejecutivo es mejorar el tratamiento fiscal de las rehabilitaciones de edificios, con el objetivo de movilizar un sector en un proceso de ralentización.

Así, las obras realizadas en un edificio se considerarán rehabilitación cuando su coste supere el 25% del precio de adquisición del inmueble, sin incluir como hasta ahora se hacía, el precio del suelo.

La intención del Gobierno es que un mayor número de personas disfrutará de una fiscalidad "más beneficiosa", puesto que podrá rescatar el IVA pagado y conllevará una estimulación de la actividad del sector de la construcción.

Del montante total de estas medidas, que superan los 10.000 millones, el Gobierno se ha comprometido a ampliar en 2.000 millones el aval que el Estado concede para la titulización de créditos a pymes, con lo que pasa a un total de 3.000 millones.

Por otro lado, se promoverá la agilización de la obra pública, puesto que el nivel de licitación será supervisado trimestralmente por la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos.

En materia de vivienda protegida, se convocará de forma urgente la Conferencia Sectorial de Vivienda con el objetivo de llegar hasta las 150.000 viviendas de protección pública al año. Además, este organismo analizará las vías para promover la rehabilitación y mejorar la accesibilidad y eficiencia energética de los edificios.

HIPOTECAS

Por otra parte, el Ejecutivo anunció que está ultimando un acuerdo con las entidades de crédito para eliminar los gastos financieros asociados a la ampliación del plazo de devolución de un préstamo hipotecario.

En esta línea, el Consejo de Ministros aprobó un real decreto-ley que supone la supresión de los gastos fiscales de estas operaciones, al tiempo que se promoverán acuerdos para eliminar los gastos notariales y registrales.

Esta medida entrará en vigor el próximo mes de mayo y tendrá una vigencia de dos años desde su aprobación.

La ampliación del plazo de las hipotecas supone que las familias dispondrán de mayor renta mes a mes, si bien supone un incremento del importe que se devuelve al banco.

RECOLOCACIONES

Las medidas aprobadas hoy incluyen también el anunciado plan de recolocación de trabajadores desempleados, principalmente del sector de la construcción, con un coste total de 201 millones de euros.

Los ciudadanos que se sumen a este plan de inserción laboral y formación recibirán una ayuda de 350 euros mensuales durante tres meses, si bien sólo podrá ser percibida por desempleados con especiales dificultades de inserción laboral y cuyas rentas sean inferiores al IPREM.

Fuentes del Gobierno explicaron que este plan podría beneficiar a cerca de 500.000 trabajadores y apuntaron que podría estar listo en las próximas tres semanas.

El plan establece además que los trabajadores que tengan que desplazarse a más de 100 kilómetros de su lugar de residencia para obtener un empleo recibirán varias ayudas.

En primer lugar, los gastos de mudanza y mobiliario serán como máximo de cuatro veces el Iprem (situado en 517 euros), mientras que por alojamiento podrán percibir hasta diez veces el Iprem, si bien sólo durante el primer año de contrato. Asimismo, tendrán una ayuda por guardería de cuatro veces el Iprem, también durante el primer año de contrato.